Madrid.-11/6/2026.- Entidades sociales, entre las que se encuentra Cáritas, han manifestado su descontento con la nuevas medidas que se adoptarán en Europa en relación a la población migrante. Las organizaciones denuncian que la nueva política migratoria europea supone una gran amenaza para los derechos humanos de quienes migran por falta de recursos o buscando refugio.
Las organizaciones sociales lamentan la falta de transparencia sobre las medidas que se adoptarán en España para dar cumplimiento a las obligaciones europeas. Son las conclusiones del grupo de trabajo compuesto por numerosas entidades sociales que lleva años haciendo seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Su objetivo es contribuir a que prevalezca un enfoque de derechos de las personas en movimiento.
El próximo 12 de junio se materializará la implementación del Pacto y su entrada en vigor, lo que supone un hito para todos los países europeos. Esta nueva etapa para la política migratoria plantea importantes retos en relación a los derechos de las personas migrantes y refugiadas. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención de las personas migrantes e incorpora medidas para intensificar las deportaciones.
Rechazar el asilo
Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro -mecanismo legal que permite a un país rechazar las solicitudes de asilo y deportar a sus solicitantes a un tercer país (de tránsito)- y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros -la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos-, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados.
Entre ellos, destacan el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.
En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional.
La sociedad civil exige
Ante esta situación de cierta incertidumbre y preocupación, exigimos al Gobierno y el resto de las fuerzas políticas:
- Garantizar transparencia, acceso a información de los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros.
- Aplicar el Pacto de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos, y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales.
- Garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo.
- Garantizar la participación de la sociedad civil y que se dote de mandato para investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos.
Situaciones de vulnerabilidad
El triaje refuerza mecanismos de control en frontera. Pasa por el uso intensivo de datos biométricos y por externalizar el control migratorio hacia terceros países que no garantizan los derechos humanos. El reglamento incluye varias fases: examen de salud preliminar, examen preliminar de vulnerabilidad, identificación, registro de datos biométricos, control de seguridad, formulario de control y remisión al procedimiento adecuado.
Los estados miembros deben garantizar personal debidamente capacitado, incluyendo personal sanitario cualificado y personal especializado en controles de vulnerabilidad. Esto es especialmente importante para personas en situación de vulnerabilidad que no soliciten protección internacional.
Las organizaciones sociales reclaman que se de un procedimiento adecuado a las personas solicitantes, con un enfoque interseccional, basado en derechos humanos. Piden que se les proporcione asistencia letrada gratuita y especializada durante el procedimiento. Interpretación de calidad desde el registro de solicitud. Cumplimiento del requisito de personal médico. Limitación de la toma de datos biométricos a menores de 14 años y reglamentación clara de los lugares donde se realice el triaje.
