Madrid.-21/1/2026.- Las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo continúan siendo invisibilizadas como víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un fenómeno delictivo que se extiende en el mundo.
Para profundizar en esta realidad que viven las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Plena inclusión España ha formado hace unos meses un grupo de trabajo junto a organizaciones sociales con experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y de la trata. En este espacio participaron Women Enabled International, Plena inclusión Madrid, Fundación A LA PAR, Amaranta (Fundación de las Adoratrices), APRAMP, Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad y Fundación de la Abogacía de España.
El resultado de este intercambio de experiencias e información ha sido la publicación de ‘Trata de mujeres y niñas con discapacidad intelectual. Miradas compartidas y propuestas de cambios’, un documento coordinado por Plena inclusión España que acaba de ver la luz. El texto explica la necesidad urgente de nombrar y visibilizar a las mujeres y niñas con discapacidad intelectual como posibles víctimas de trata, especialmente con fines de explotación sexual.
«Realidad invisible»
“Hablamos de una realidad invisible que genera mucho dolor a las personas y a sus familias. Por eso hemos acometido la tarea de compartir experiencias y comenzar a trabajar sobre un tema muy desconocido”, argumenta Natalia Pérez, una de las coordinadoras de la publicación.
Desde Plena inclusión se subraya también la escasa conciencia social e institucional existente sobre la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, y aún más sobre su presencia como víctimas de trata. “A esta situación se suma la falta de datos desagregados y de investigaciones específicas, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas públicas eficaces”, recuerda Cristina Vallelado, responsable de Mujer de Plena inclusión España y otra de las coordinadoras de la publicación.
Falta de formación
El documento llama la atención, además, sobre la falta de formación específica y de herramientas adaptadas en los procesos de identificación. Plantea la necesidad de sensibilizar y formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los equipos de calle, a los recursos de acogida, a los servicios sanitarios y sociales, y al personal operador jurídico, tanto para detectar situaciones de trata como para identificar posibles discapacidades, especialmente la discapacidad intelectual y del desarrollo.
Sucede con frecuencia que los recursos no están adaptados a sus necesidades de apoyo ni garantizan entornos verdaderamente accesibles y seguros, muchas veces porque no contemplan la interseccionalidad de situaciones que viven.
El documento publicado por Plena inclusión incide en que existe una doble invisibilidad hacia estas personas en la sociedad, tanto por razón de género como por discapacidad, y destaca que ninguna organización puede afrontar esta realidad en solitario.
Para garantizar una respuesta eficaz y respetuosa con los derechos humanos, resulta imprescindible el trabajo en red, la coordinación interinstitucional y el diálogo constante entre los ámbitos de la discapacidad, la lucha contra la trata, la violencia de género, las migraciones, la salud mental y la justicia.
Líneas de actuación
Ante este contexto, Plena inclusión España y las organizaciones impulsoras del documento reclaman el reconocimiento de la trata y la explotación sexual de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las políticas públicas, así como un mayor esfuerzo en sensibilización social y profesional. También subrayan la necesidad de mejorar la identificación de la discapacidad intelectual en contextos de trata, un paso clave para garantizar una atención adecuada.
Asimismo, insisten en asegurar intervenciones accesibles, integrales y centradas en la persona, que garanticen entornos seguros en los que las mujeres y niñas se sientan escuchadas, creídas y respetadas, con tiempos y apoyos ajustados a sus necesidades. A ello se suma la importancia de reforzar la coordinación entre el sistema público de atención y las organizaciones sociales que las apoyan, con el fin de ofrecer respuestas coherentes y eficaces.
