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Más de seis meses de espera para obtener el grado de discapacidad

Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (3 de mayo) la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha elaborado un informe preliminar que revela que un 76% de las personas con discapacidad esperan más de seis meses para obtener el grado de discapacidad en España, lo que para el 94% de ellas representa una clara vulneración de sus derechos.

Entre las principales irregularidades identificadas, a partir de una encuesta a más de 600 personas de todo el país, se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.

Además, el 55,5% de las personas encuestadas reportaron que durante el proceso de valoración no se tuvieron en cuenta todas las pruebas e informes aportados, y un 63% señalaron que no se valoraron adecuadamente las múltiples enfermedades o trastornos que padecen.

Falta de recursos y formación para el personal encargado de la valoración

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha destacado que dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación sigue siendo preocupante. Además, subrayó que no aplicar integralmente este nuevo baremo significa incumplir la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Una de las causas identificadas es la carencia de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que conduce a evaluaciones inadecuadas y a la exclusión de personas de los recursos destinados a promover la igualdad de oportunidades.

Ante esta situación, COCEMFE ha exigido la aplicación inmediata y completa del nuevo baremo de discapacidad, así como medidas concretas para garantizar una valoración justa y equitativa para todas las personas. Por tanto, instan a las administraciones a invertir en recursos humanos y técnicos para los centros de valoración, de modo que puedan atender con rigor a todas las personas en todo el territorio nacional.

Cabe recordar que la valoración del grado de discapacidad es el acceso fundamental al sistema de derechos establecidos en España para las personas con discapacidad. Sin esta acreditación, se quedan fuera del sistema, lo que contradice los principios de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

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