ONG de discapacidad física denuncian el reparto del IRPF

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Madrid.-14/10/25. COCEMFE y sus entidades estatales han denunciado que el sistema actual de subvenciones del tramo estatal del 0,7 está dificultando gravemente la atención y el acceso a derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todo el país.

Lo han expuesto tras una reunión celebrada este martes por el Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE, donde se analizó la resolución provisional de la convocatoria del tramo estatal del 0,7 para 2026.  A dicha convocatoria se presenta COCEMFE junto con 26 entidades de ámbito estatal para realizar proyectos para la defensa de derechos y apoyo a personas con enfermedades como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), personas trasplantadas, con esclerosis múltiple, niños y niñas con prótesis, personas con párkinson, fibrosis quística, espina bífida, lupus, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, hemofilia, etc.  


A pesar de que se han concedido 90 proyectos —21 más que el año anterior— la financiación para su ejecución se ha reducido un año más, y sobre todo ha caído la financiación media por cada proyecto. Según la resolución provisional, solo se ha cubierto el 26,22% del importe solicitado por COCEMFE y sus entidades estatales, y la caída acumulada desde 2021 alcanza ya el 40,44%. Este modelo, basado en la atomización de los fondos, impide desarrollar programas completos, sostenidos y con impacto decisivo en la vida de las personas. 

Ayudas dispersas


La dispersión de las subvenciones está laminando a nuestras entidades. Nos vemos en la obligación de fraccionar los proyectos, multiplicar la carga burocrática y desatender a muchas personas cuyas necesidades no cubren ni el Estado ni las comunidades autónomas”, denuncia el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. “Esto no va de estructuras, sino de derechos que están siendo vulnerados y de personas vulnerables que no están recibiendo los apoyos que necesitan”. 


Esta situación golpea especialmente a las organizaciones que representan a personas con discapacidades físicas y orgánicas de baja prevalencia o con escasa implantación territorial, la cual si no se revierte podría provocar su desaparición. “Las entidades no somos subsidiarias del Estado, pero desarrollamos esta labor porque es imprescindible. Sin nuestro trabajo, muchas personas quedarían completamente desatendidas”, señala Queiruga. 

Sin recursos


Además, el sistema impone requisitos técnicos y administrativos de difícil cumplimiento sin proporcionar recursos para asumirlos, lo que obliga a desviar esfuerzos de la atención directa. “El esfuerzo que supone acceder, ejecutar y justificar estas subvenciones recae totalmente sobre las organizaciones. Esa carga nos aleja de nuestro propósito: acompañar, apoyar y garantizar que nadie se quede fuera”, afirma. 


En 2024, COCEMFE y sus organizaciones estatales atendieron a 1.383.473 personas. “Esta cifra refleja el alcance real de una red que, año tras año, suple las carencias del sistema público. Si no se corrige el rumbo, muchas de estas personas se quedarán sin apoyo”, advierte el presidente. 

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