Un estudiante sordo ha denunciado un caso de discriminación institucional durante los exámenes a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que tuvieron lugar el pasado 2 de junio. Según ha denunciado, el joven fue obligado a quitarse el audífono para poder acceder al aula y realizar su examen.
El estudiante puso en conocimiento tanto de su familia, como de la Confederación de Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la situación vivida, pero a pesar de la protesta y la queja de ambas, no se le permitió utilizar el audífono en ninguna de las pruebas de acceso que tuvieron lugar a lo largo de la semana.
Según declaraciones de la directora de FIAPAS, Carmen Jaúdenes, al Periódico del Voluntariado, tras la protesta de su organización y la queja de su centro educativo, todo parecía indicar que le iban a permitir realizar el resto de las pruebas con audífono. No obstante, según la presidenta de FIAPAS, finalmente se le impidió acceder al aula con su aparato auditivo.
El centro educativo de procedencia identificó al estudiante como una persona con necesidades especiales; según Carmen Jaúdenes, el alumno acudió “al aula destinada a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo”, por lo que desde la organización ven “incomprensible” el hecho de que le hiciesen quitarse el audífono desde el primer momento.
Desde FIAPAS consideran que estamos ante un caso en el que se ha hecho una “interpretación muy restrictiva” de las instrucciones que se acuerdan desde las universidades, en las que se prohíbe expresamente al alumnado introducir en el aula dispositivos como un móvil, pinganillo u ordenadores.
“No estamos hablando de un dispositivo auditivo de cualquier naturaleza, estamos hablando de necesidades auditivas especiales”, explica Jaúdenes. La presidenta de FIAPAS defiende que un audífono de este tipo constituye “el sentido de audición de esta persona”, del cual le están “privando”.
Desde la organización aseguran que se trata de una situación “violenta” para el alumno, en la que se ha llevado a cabo un “señalamiento” y una “restricción de derechos”, ante los cuales el estudiante ha tenido que ceder para poder realizar los exámenes que pueden determinar su futuro académico y profesional.
