ELECCIONES GENERALES 2026

Madrid.-27/10/2026-. Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, Alianza por el Clima, una plataforma que integra a organizaciones, sindicatos y entidades sociales ha hecho públicas sus demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas.

El objetivo, además, es que se reduzcan las desigualdades y se sitúe la justicia climática en el centro de la próxima legislatura. Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales.

Todo está conectado

Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no se aborden como problemas independientes. Esta alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas.

La publicación del decálogo coincide con la presentación, el 21 de octubre, con el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas. Un documento que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El informe advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.

Estas conclusiones, según la alianza, evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.

Demandas

El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.

Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.

Ámbito internacional

Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.

Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.

Consenso de la sociedad civil

Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.

Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática.

El poder de la ciudadanía se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.