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¿Voluntariado o trabajo encubierto?

Tras el anuncio desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la creación del primer Cuerpo del Voluntariado Joven de la región, las reacciones no se han hecho esperar. Desde numerosas organizaciones con fines sociales, entre ellas la Plataforma Española del Voluntariado, se ha advertido de la ilegalidad de la medida por vulnerar las normas autonómica y estatal, porque esa imagen idílica de adolescentes y jóvenes trabajando en comedores sociales y atendiendo a personas mayores y/o con discapacidad, no es tal “si hay que recurrir al trabajo gratis para cubrir las obligaciones de la Administración”.

Esta no es una situación nueva, ya en 2012 el equipo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), tuvo que dar marcha atrás a su idea de buscar personas voluntarias para las bibliotecas públicas en medio de la gran recesión económica. Y, durante la pandemia, la Comunidad de Madrid intentó reclutar a alumnado de trabajo social para colaborar en las residencias.

Tampoco se ha hecho esperar la respuesta de Díaz Ayuso a las críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su nuevo Cuerpo del Voluntariado Joven con el argumento de que la ley autonómica ni limita la labor de voluntariado a las entidades del sector, ni suple a estas, sino que es complementaria. “Fomentar el voluntariado es un derecho y un deber del gobierno de la CM”, asegura.

No se conocen muchos más detalles del Cuerpo del Voluntariado Joven. Para avanzar en este sentido y tomar decisiones, en el momento de elaborar esta información se esperaban los resultados de una reunión prevista para la tarde del miércoles en la que estarían presentes el viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y Fevocam, Plataforma de Entidades Voluntarias de la Comunidad de Madrid.

Días antes, fue la consejera, Ana Dávila, quien dio a conocer la formación del nuevo cuerpo de voluntariado de entre 14 y 30 años “guiados por una filosofía del intercambio generacional” y que “podrían contagiar alegría a la personas mayores y con discapacidad”. El voluntariado sería coordinado por trabajadores de la Comunidad que se dedican a gestionar el Carné Joven y, según el plan, «accederían a actividades deportivas y culturales junto con las personas mayores o con discapacidad.

La visión de uno de los “padres” de la ley

Entre los que esperaban expectantes en las horas previas a la reunión estaba Pablo Benlloch, experto que coordinó los trabajos en el proceso de creación de la Ley estatal del voluntariado de 2015. Antes de perderse en «debates de legalidad o ilegalidad«, apostaba por ver el resultado y actuar en consecuencia. Aseguraba, eso sí: «No tiene mucho sentido crear un cuerpo de voluntariado cuando hay entidades suficientes para intervenir en ámbitos como los que se han mencionado”.

La ley autonómica habla también del papel de la administración como papel de fomento, investigación, ayuda o promoción del voluntariado. Sin embargo, “por mucho que la ambigüedad en alguno de sus artículos deje algún resquicio para cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo, no puede ser que la propia Comunidad cree entidades de voluntariado, entre otras cosas porque estas organizaciones, por definición, deben ser privadas y no públicas”, matizaba. Y a continuación añadía: “El voluntariado corporativo me parece un error y niego su existencia”.

La postura de Benlloch no es contraria a que la Comunidad de Madrid promocione el voluntariado en diferentes ámbitos, pero sí a que esas intervenciones las haga la propia Comunidad con personas voluntarias. Una de las mayores preocupaciones respecto a la iniciativa del Gobierno de Ayuso tiene que ver con determinados sectores donde, opina el experto, “parece que la intención no es la de crear empleo para profesionales especializados y con una formación suficiente, sino la de sustituirlos por personas bienintencionadas que igual carecen de esa formación». Y este problema no viene de ahora. Como recuerda, «ya pasó, por ejemplo, con los rastreadores en la pandemia«.

«No queda claro cual es la ley a aplicar, porque el voluntariado no está en la Constitución, la ley estatal tiene un ámbito de acción muy concreto pero la norma que se aplica dentro de la Comunidad Autónoma es la norma autonómica, y cuando las entidades traspasan el territorio de la comunidad autónoma es cuando interviene la ley estatal”, explica.

Sin embargo, Benlloch considera que “las reformas que se han hecho en las leyes autonómicas están en consonancia con la ley estatal de 2015 y es donde cobran importancia los límites o las líneas rojas que en ningún caso debe saltarse el voluntariado, porque el 80% de las leyes vigentes en España sirven también para las comunidades”. Lo que está muy claro, matiza, es que no se pueden «amortizar puestos de trabajo ni las administraciones pueden hacer dejación de servicios públicos que tienen que prestar porque la ley lo dice así. Se tiene que dotar al servicio de profesionales. Si no se puede, sí que existe la opción de hablar con las entidades, y llegar a acuerdos, convenios, pero la titularidad del ejercicio la asume una administración pública”.

Matices a falta de respuesta

De cara a la reunión, el experto cree que el planteamiento de Fevocam tendría que ir por ese lado: «Tienen las entidades, y no van contra la idea, pero sí en contra de crear el cuerpo de voluntarios de la Comunidad de Madrid, que no tiene ningún sentido”.

La situación, en cualquier caso, resulta confusa porque, matiza Benlloch: “En realidad tampoco sabemos exactamente qué se quiere hacer. Es como un globo sonda y lo que hay que hacer es concretar. Queremos saber qué es lo que se pretende, porque lo que se ha dicho y cómo se ha dicho, desde mi punto de vista, no está encajado legalmente. Y no se puede hacer cualquier cosa y pretender que nos quedemos de brazos cruzados”.

El voluntariado tiene su espacio y lo reclama: “No hay que llamar voluntariado a lo que no lo es. Cuando las empresas quieren sumarse a la acción solidaria, lo hacen desde la acción social en la empresa. Es algo que ya está inventado. No tenemos la exclusividad de la solidaridad ni la intención de captar por captar a la gente; quien quiera ayudar sin integrarse en una ONG, bienvenido sea, pero me parece que la actividad es mucho más eficaz cuando se hace desde dentro de una entidad”.

Para concluir, Benlloch apunta: “Es una buena señal que el viceconsejero esté dispuesto a reunirse, pero habrá que ver y habrá que escuchar. Tanto el tema de las bibliotecas con Ana Botella como el de los rastreadores durante la pandemia se pararon porque se reaccionó. La formación es fundamental y, especialmente en algunos ámbitos, no se pueden hacer determinadas labores de voluntariado si no se tiene la formación específica. Pretendemos modificar una realidad que consideramos injusta, y eso a veces se olvida”.

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