Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen entre dos y cuatro veces más de posibilidad de desarrollar una enfermedad mental. Además, al menos un tercio de ellas presenta algún tipo de trastorno mental, de personalidad o problemas en la conducta.
Desde la red de organizaciones de personas con discapacidad intelectual Plena Inclusión se pone de manifiesto esta situación en su Semana de la Salud Mental. Se estima que en España hay 82.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y que la atención sanitaria actual solo cubre el 5% de los casos.
La situación de detección inadecuada se debe a la ausencia de diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico impreciso. Como agravante, además, puede ocurrir que los propios pacientes, debido a la dificultad para transmitir sus síntomas, generen mayor obstáculo para realizar el diagnóstico.
Debido a la presente situación, desde Plena Inclusión se reivindica una Ley de Salud Mental que regule una coordinación entre las organizaciones que prestan servicios a dichas personas y las áreas sanitarias de salud mental.
Por otro lado, se quiere evitar mantener a las personas discapacitadas en estancias institucionales sin ningún tipo de ayuda para su inclusión en entornos comunitarios. Y, siguiendo la misma línea tratar de prevenir en la mayoría de los casos un primer ingreso, manteniendo así a la persona en su entorno natural.
