La Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado irregularidades en el reconocimiento legal de menores de parejas de mujeres y personas con capacidad de gestar. Según la organización, la normativa actual genera discriminación y vulnera derechos fundamentales, especialmente al exigir trámites burocráticos que no se aplican a parejas heterosexuales.
Aunque la Ley 4/2023 eliminó la obligación de matrimonio para inscribir a menores, los registros civiles mantienen exigencias que complican el proceso, como la presencia física de ambas madres. Esto, afirman, perpetúa desigualdades y obstaculiza la igualdad real que establece la legislación.
Cristina P. Álvarez, vocal de feminismos y formación de la Federación, destacó que las familias LGTBI+ necesitan políticas que garanticen sus derechos: «Las instituciones deben garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos de filiación, independientemente de su estado civil. No se trata de privilegios, sino de igualdad, y la igualdad no admite demoras ni excepciones».
La organización ha pedido al Ministerio de Igualdad una reforma urgente de la Ley de Reproducción Asistida para eliminar las barreras legales que vinculan la filiación al matrimonio. Según Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, es responsabilidad del Estado garantizar que ninguna familia vuelva a enfrentarse a discriminaciones de este tipo.
