ILGA Europa ha editado un informe en el que asegura que estamos al inicio de «una nueva era» de ataques coordinados contra los derechos fundamentales no solo de las personas LGTBI+, sino de toda la sociedad. En la elaboración de este estudio ha participado la Federación Estatal LGTBI+ de España.
El director ejecutivo de ILGA-Europa, Chaber, ha explicado que los pasos son siempre los mismos: «Lo que comienza como un ataque a los derechos de las personas LGBTI+ se convierte rápidamente en un ataque más amplio a los derechos y libertades de la sociedad en su conjunto». Según este ejecutivo «no se trata sólo de una cuestión LGBTI+, es una crisis para los derechos humanos y la democracia«, ha asegurado.
Aumento de discursos anti-LGTBI
El «Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Europa y Asia Central», publicado el martes sostiene que existe una corriente global que promueve el aumento de legislación anti-LGBTI y amenaza los derechos fundamentales. Según esta investigación, los gobiernos están alimentando el sentimiento anti-LGBTI para impulsar leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y las elecciones justas.
La investigación refleja una tendencia internacional a promover los discursos LGBTIfóbicos, el sexismo y la misoginia, por parte de figuras públicas. También registra intentos de introducir legislaciones para vetar la educación afectivo-sexual, familiar y de género en Bulgaria, Hungría, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Rumanía, Rusia y Eslovaquia. Además, la normalización del odio también ha justificado el bloqueo de la asistencia sanitaria a las personas trans en Andorra, Georgia, Hungría, Irlanda, Moldavia, Rumanía, Rusia y el Reino Unido.
Situación en España
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, explica que estamos en un «momento agridulce». Además, ha añadido: «Frente a la restricción de derechos que se está produciendo en EEUU y en muchos países de Europa, en España, seguimos siendo vanguardia y ampliando libertades. El pasado junio, nos convertimos en el primer país del mundo en contar con una legislación que protege a las personas LGTBI+ en el ámbito laboral. En la actualidad, seguimos trabajando, ya desde una subcomisión en la comisión de Igualdad del Congreso, en la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio”.