El Congreso de la Federación Española de Alimentos (FESBAL), que celebraba el pasado fin de semana su 27 edición, analizó la situación de la pobreza alimentaria en España, destacando la urgencia de implementar la Ley de Desperdicio Alimentario (LPPDA) como «componente esencial», aprobada el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros, pero que no entrará en vigor hasta 2025.
La Ley de Desperdicio Alimentario plantea obligar a agentes de la cadena alimentaria a garantizar el aprovechamiento máximo de los excedentes alimentarios priorizando su entrega al consumo humano. En este sentido, FESBAL ha señalado la importancia de establecer «alianzas con entidades líderes y confiables en la gestión del desperdicio alimentario para garantizar el éxito de su implantación».
Otro de los grandes focos se puso en la distribución desigual de reparto de alimentos que reciben las familias. Estiman que el 84% de las personas que accedían a alimentos a través de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) no cumple con los nuevos sistemas de reparto: «hay más de 350.000 familias y cientos de miles de personas que siguen acudiendo a alguna entidad benéfica en busca de alimentos».
Ante este problema, los Bancos de Alimentos se han dirigido a las diferentes Consejerías responsables de los Servicios Sociales de los Gobiernos Autonómicos para colaborar y buscar soluciones para el beneficio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
