Este miércoles 17 de mayo se ha aprobado, de forma definitiva, la primera Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda de la democracia, una demanda histórica de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en 2021,el 36,2% de la población española en situación de pobreza tuvo un gasto elevado en vivienda. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y de políticas públicas adecuadas, pese a los tratados internacionales asumidos por España y lo dictado en nuestra propia Constitución.
Desde la EAPN-ES celebran la aprobación de la primera legislación en esta materia y mencionan que será una ayuda para aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable. Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN-Europa, se refería a la medida como «un elemento de estabilización y de cohesión social«.
En este sentido destacan las medidas de protección del parque de vivienda social, el control del precio del alquiler en las zonas tensionadas o la prórroga de la suspensión de los desalojos de personas vulnerables. Además, la nueva legislación incorpora propuestas defendidas por EAPN-ES, entre las que se incluyen actuaciones encaminadas a garantizar una vivienda digna y adecuada para personas en situación de mayor vulnerabilidad social (chabolismo, infravivienda o en emergencia habitacional). Asimismo, la actualización de la definición de ‘sinhogarismo’ que tendrá en cuenta a las personas individuales, así como a las familias y unidades de convivencia, para evitar la inseguridad jurídica y asegurar un acceso a las políticas públicas.
