Madrid-28/1/26.- El Congreso de los Diputados ha rechazado esta semana el real decreto-ley ómnibus que prorrogaba diversas propuestas de protección social y económica esenciales. Ello incluía la moratoria de desahucios, el bono social eléctrico o la subida de las pensiones. La caída del decreto ha dejado en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas de nuestro país que hoy afrontan la incertidumbre.
Entre otras medidas, el decreto contemplaba la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como la garantía de suministro de agua y energía para los hogares afectados por la pobreza energética. También contemplaba la actualización de pensiones, medidas de protección en el empleo y diversas actuaciones tributarias con impacto social.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) han pedido a todas las formaciones políticas “priorizar los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas, en especial de su ciudadanía en situación de alta vulnerabilidad”. Esta organización considera que estamos en un momento en el que la pobreza y la exclusión social siguen afectando a una parte muy significativa de la población.
En riesgo de exclusión
Según los últimos datos facilitados por EAPN España, el 25,8 % de la población, más de 12,5 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza. Aunque algunos indicadores han mostrado una ligera mejora, las cifras siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales que requieren políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo.
La acción del Estado tiene un impacto directo y medible en la reducción de la pobreza. Se entendie por papel del Estado el conjunto de derechos sociales garantizados por los distintos niveles de la administración. En 2024, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, permitieron reducir la tasa de pobreza del 42,6 % al 19,7 %. Eso evitó que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza. El análisis desde 2008 confirma que cuando se aplican medidasbien orientadas, como ocurrió con el “escudo social”, los efectos positivos son inmediatos. En 2021, las transferencias contributivas redujeron la pobreza en 9,5 puntos. Es decir, la ampliación de estas medidas evitó que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza. La retirada o falta de consolidación de estas políticas debilita de forma clara su capacidad de protección social.
La crisis de la vivienda se acentuará
La caída del decreto ómnibus supondrá un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial. El texto rechazado incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Medida imprescindible para evitar que miles de familias perdieran sus hogares.
Según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, la vivienda es hoy uno de los principales factores de empobrecimiento en España. El informe revela que el 30 % de las personas en situación de pobreza destinan un porcentaje excesivo de sus ingresos a los gastos de vivienda. Este sobreesfuerzo económico empuja a miles de hogares a situaciones de impago, endeudamiento o riesgo de desahucio, incluso cuando existe empleo.
El impacto es especialmente severo en el mercado del alquiler. El informe constata que la tasa de pobreza entre los hogares inquilinos es más del doble que entre quienes viven en vivienda en propiedad. Ello evidencia la falta de un parque público suficiente. También de mecanismos de contención de precios eficaces. Esta situación afecta de forma desproporcionada a familias con menores, hogares monoparentales y personas migrantes.
La pobreza energética
A esta realidad se suma la pobreza energética, que está vinculada al acceso y las condiciones de la vivienda. Los datos de EAPN-ES señalan que el 38,5 % de las personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, y que el 43,1 % tiene dificultades para mantenerla suficientemente fresca en verano. Estas carencias están relacionadas con viviendas ineficientes, condiciones de alquileres precarios, inflación y bajos ingresos.
Desde EAPN recuerdan que los desahucios no son un fenómeno coyuntural. En los últimos 15 años se han producido más de 760.000 lanzamientos judiciales, con un impacto directo sobre cerca de dos millones de personas según datos del Consejo General del Poder Judicial. Solo una minoría de los casos cuenta con una alternativa habitacional adecuada.
La suspensión de los desahucios ha demostrado ser una herramienta eficaz pero insuficiente si no se refuerza con otras medidas. Solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspende. Además, el acceso efectivo a vivienda social sigue siendo muy bajo. En definitiva, la suspensión del decreto dejará a miles de familias en una situación de inseguridad extrema.
“El derecho a la vivienda no puede quedar bloqueado por la confrontación política. Ninguna persona debería enfrentarse a un desalojo sin una alternativa digna”, han subrayado desde la red de la pobreza, que reclama «retomar de forma urgente las medidas decaídas y avanzar hacia soluciones estructurales».
Peligran las pensiones
El real decreto contemplaba la revalorización de las pensiones contributivas para 2026. Esta medida serviría para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores. Aunque existen precedentes recientes en los que este tipo de situaciones se resolvieron antes de que el impacto llegara a las nóminas, generar incertidumbre sobre ingresos básicos no es una opción aceptable para millones de personas.
La EAPN advierte que las pensiones siguen siendo uno de los principales factores de contención de la pobreza, especialmente entre la población mayor. Cualquier retraso o bloqueo en su actualización incrementa la inseguridad económica.
Desprotección para todas
El rechazo del decreto ómnibus supone también la caída de medidas clave en empleo, Seguridad Social y fiscalidad que actuaban como mecanismos de contención de la pobreza. Con la caída del decreto se elimina la garantía de continuidad del salario mínimo, prevista para proteger a las personas con salarios más bajos. En España, cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo.
También desaparecerá la prohibición de despidos objetivos en empresas beneficiarias de ayudas públicas. También afectará a las medidas de reducción de jornada por el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra de Ucrania.
A ello se suma la caída de medidas de simplificación administrativa. Entre ellas hay que destacar la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. También acaban los regímenes fiscales simplificados para autónomos y pequeñas empresas.
Ell rechazo del Omnibus también implica que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA de 2024 pierdan exenciones fiscales previstas. Ello va a incrementar la presión económica sobre hogares que ya sufren malas condiciones de vida.
Incertidumbre y temor
La EAPN-ES advierte que la protección de la población más vulnerable constituye una responsabilidad política y social compartida y debe ser una prioridad. Especialmente, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y social. La Red recuerda que las medidas incluidas en el real decreto son herramientas necesarias y contrastadas para garantizar derechos básicos. Lejos de suspenderlas se deben de desarrollar y mejorar para hacer frente a la pobreza.
Esta organización considera que avanzar hacia un escudo social estable pasa por reforzar el papel redistributivo del Estado. Se deben consolidar políticas públicas de vivienda, empleo y protección social, y situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social como una prioridad de todas las políticas.
