El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye, por primera vez, a las mujeres con problemas de adicciones. Este hecho, según UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, supone un avance fundamental en el reconocimiento de las múltiples formas de violencia que sufren estas mujeres.
Así lo han manifestado desde la entidad tras analizar el informe de la subcomisión para la renovación y actualización del citado Pacto, que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados con el respaldo de todas las formaciones políticas, a excepción de Vox.
La vicepresidenta de UNAD, Elisabeth Ortega, ha mostrado su satisfacción con esta medida ya que supone «un paso más» en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ha comentado la necesidad de «seguir trabajando» para la plena implementación del Pacto.
Ortega ha explicado que desde la Red de Atención a las Adicciones se lleva años trabajando para visibilizar y mejorar la realidad de las mujeres con adicciones. La vicepresidenta señala la situación de aquellas que sufren violencia de género; para ellas estas medidas suponen un «paso hacia adelante» en su atención.
Según los estudios elaborados en este ámbito, un 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70% de mujeres con adicciones sin sustancia refieren haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas.
El nuevo pacto amplía las medidas de protección y atención. Incorpora nuevos ejes como la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital. Por otro lado, se ha puesto especial atención en la situación de mujeres en contextos de vulnerabilidad y se incluye a las mujeres con adicciones.
Medidas concretas para mujeres con adicciones
El nuevo texto reconoce la necesidad de garantizar la protección y el acceso a recursos para mujeres con adicciones. Por ejemplo, en los canales de información sobre salud sexual y reproductiva. El objetivo es asegurar la protección integral frente a cualquier forma de violencia.
Otra de las medidas que contempla el Pacto pasa por garantizar el enfoque interseccional. En cualquier política y respuesta institucional se tendrán en cuenta las diferentes vulnerabilidades y circunstancias de las víctimas como, por ejemplo, los problemas de adicciones. Además, se adaptarán los recursos especializados a las necesidades de las mujeres, para que sean plenamente accesibles e inclusivos. También se adaptarán los protocolos de atención.
El texto también contempla la realización de estudios específicos sobre la vulnerabilidad de las mujeres con adicciones en contextos de violencia de género. Esto permitirá mejorar la efectividad de los recursos y las políticas públicas.
Finalmente, se fortalecerá la colaboración entre administraciones para mejorar la red de recursos habitacionales. Las víctimas de violencia de género con menores a su cargo contarán con una atención más cercana y eficaz.
