La Plataforma del Tercer Sector (PTS) solicita al Gobierno la reforma urgente de la Ley de Desindexación. Esta ley, que limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, está poniendo en peligro la sostenibilidad económica de numerosas organizaciones sociales que operan en el sector.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha manifestado su profunda preocupación por las repercusiones de esta normativa. Según Poyato, «el impacto que esta ley tiene en las personas con las que el Tercer Sector trabaja y en la calidad de los servicios prestados es el factor fundamental que moviliza a la Plataforma para reivindicar, como sector, el abordaje jurídico de esta realidad y su solución«.
La Ley de Desindexación fue aprobada con la intención de hacer más competitiva la economía española. Sin embargo, en el actual contexto económico, esta normativa está generando un grave desequilibrio económico entre las obligaciones de las partes contratantes, afectando especialmente a las entidades sociales. Al no permitir la revisión de precios durante la duración de los contratos, las organizaciones se ven obligadas a prestar servicios sin ajustes que compensen la inflación y otros aumentos de costos.
Revisión periódica de los costes
Por ello, la Plataforma del Tercer Sector reclama que se introduzca una regulación que permita la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios por razones de interés social. Además, la PTS ha alertado que la actual ley está llevando a muchas organizaciones sociales a operar con pérdidas o a no poder participar en nuevas licitaciones, ya que no pueden garantizar un mínimo de calidad en los servicios prestados.
«Estamos viendo cómo algunas organizaciones tienen que asumir la gestión de servicios públicos y la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad entrando en pérdidas, lo que es insostenible a largo plazo», señaló Poyato. «Es esencial que se implanten mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan negativamente en su competitividad».
La Plataforma del Tercer Sector se ha ofrecido a trabajar conjuntamente con el Gobierno para desarrollar soluciones que aseguren la viabilidad de estas entidades cruciales para el bienestar social. La urgencia de esta reforma es palpable, ya que la calidad y continuidad de los servicios sociales dependen de la capacidad de estas organizaciones para operar en condiciones económicas justas y sostenibles.
