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Fin al despido automático por incapacidad permanente

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han sellado un acuerdo para derogar la disposición que permite el despido automático del personal laboral que sufre una incapacidad permanente. Esta medida surge como respuesta a una situación preocupante que afecta a este colectivo, donde la legislación actual permite la rescisión automática del contrato en casos de enfermedades graves o discapacidades permanentes.

En la actualidad, el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores establece que una empresa puede dar por terminado el contrato de una persona empleada en situaciones de «muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador». Esto significa que, ante la aparición de una enfermedad o dolencia crónica, la persona trabajadora corre el riesgo de perder su empleo y quedarse sin medios de subsistencia.

Con el propósito de abordar esta problemática, la Ministra de Trabajo se ha comprometido con el presidente de Cermi, Luis Cayo, a elevar la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente. Aunque normativas internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y reformas constitucionales recientes han buscado reforzar los derechos de este sector de la población, la redacción original del Estatuto de los Trabajadores aún deja vulnerables a los trabajadores con discapacidad.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha impulsado una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. El anteproyecto de ley presentado consta de un único artículo y dos disposiciones adicionales, cuyo objetivo principal es eliminar la posibilidad de extinción automática del contrato en caso de gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador.

En su lugar, se establece la condición de que el empleado afectado solicite ajustes razonables en su puesto de trabajo que le permitan continuar desempeñándolo. En casos donde esto no sea viable, se procurará el cambio a otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación.

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