El Consejo de la Unión Europea anunció el pasado 16 de octubre la decisión de posponer 12 meses la aplicación del Reglamento sobre Deforestación, en respuesta a la solicitud de varios Estados miembros, países terceros, operadores y comerciantes que han manifestado la necesidad de un período de adaptación más amplio para cumplir con las nuevas exigencias. Una decisión que supone un gran revés en la lucha contra el cambio climático.
El Reglamento, que entró en vigor el 29 de junio de 2023, tiene como objetivo reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación y degradación forestal mundial. La normativa establece que productos como madera, café, cacao, soja, aceite de palma, caucho y ganado bovino que se comercialicen dentro de la UE o se exporten desde esta deben ser «libres de deforestación». Esto significa que deben haber sido producidos en tierras no afectadas por la deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y cumplir con la legislación del país de origen.
Con la aprobación del Consejo, la nueva fecha de aplicación para los grandes operadores y comerciantes será el 30 de diciembre de 2025, mientras que las microempresas y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026. Según el Consejo, esta extensión en el plazo busca ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica a los actores implicados, quienes deben adoptar sistemas de diligencia debida robustos, que incluyan evaluaciones de riesgo de deforestación y mecanismos de monitoreo en sus cadenas de suministro.
Graves impactos ambientales
Con este retraso, se estima que continuarán los graves impactos ambientales: la pérdida de 2.300 km² de bosques y la emisión de 49 millones de toneladas de CO₂. Esto supone un gran revés en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en un momento crítico para tomar acciones decisivas.
En este sentido, la Comisión Europea defiende que presentó esta propuesta de aplazamiento debido a las inquietudes expresadas por diversos actores que indicaban dificultades para cumplir las normas en el plazo inicialmente establecido.
Este aplazamiento aún debe recibir la aprobación del Parlamento Europeo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que se espera ocurra antes de finales de este año.
