Desde que comenzó el año, más de 2.000 menores migrantes han llegado a España sin sus progenitores y actualmente se encuentran en situación de desamparo. La crisis migratoria, que afecta sobre todo a Canarias y a Ceuta, pone en peligro a la infancia al dejar desatendidas sus necesidades y derechos por la saturación que sufren los centros de acogida de menores en estos territorios.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reunión el pasado viernes en La Palma con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que la solución era la reforma de la Ley de Extranjería. El pasado mes de julio se aprobaron ciertas medidas para la reubicación de menores no acompañados por todo el territorio español y que no recibieron el apoyo del Partido Popular y Vox.
«No solo tenemos que tener recursos, sino que necesitamos modificar la ley. Sigue siendo igual de urgente«, subrayó Clavijo, instando en que la falta de acuerdo provocaba que el pueblo canario se sintiera «solo» ante el «drama humanitario» que estaban viviendo como país.
Medidas para proteger a la infancia
Desde Save The Children aseguran que el reparto proporcionado y a tiempo no solo aliviaría la presión sobre determinadas regiones fronterizas, sino que permitiría una distribución más afectiva de recursos y servicios para atender las necesidades específicas de la infancia y la adolescencia.
Aunque la presencia de menores en los flujos migratorios supone un reto para muchas administraciones públicas, la ONG insiste en la necesidad de tomar medidas estructurales que permitan planificar y responder de manera coordinada. En este sentido se refiere a que las comunidades autónomas junto con la Administración General de Estado se repartan las responsabilidades para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño.
