La crisis migratoria ha vuelto a ser debate esta semana. La llegada descontrolada de personas migrantes a las costas españolas —concretamente de Canarias, Ceuta y Melilla— había puesto sobre la mesa la necesidad de que otras comunidades autónomas acogieran a un número determinado de menores migrantes para desahogarlas de su capacidad límite de acogida. En este contexto, el Gobierno de España decidió tomar acción y contar, para ello, con la opinión del resto de partidos políticos. Sin embargo, como las peticiones acordadas para la reubicación de menores migrantes no se estimaron obligatorias, sino voluntarias, los intentos de acogida fracasaron.
El pasado martes, 9 de julio, el Gobierno Central y el de Canarias se reunieron para aprobar un nuevo modelo con el que reubicarán, de forma obligatoria por toda España, a menores migrantes no acompañados. Las medidas vienen regidas por una reforma de la Ley de Extranjería —que aún está por definir—, y cuyo protocolo se activará cada vez que un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Además, se hará teniendo en cuenta puntos como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos —medida que se aprobó para los repartos voluntarios—.
El PP no se posiciona frente a la Ley de Extranjería
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado que las comunidades lideradas por su partido asuman la acogida de 400 menores —347 procedentes de Canarias y 53 de la Ciudad Autónoma de Ceuta— de manera voluntaria, como se había acordado años atrás. Sin embargo, no ha querido comprometerse con la obligatoriedad de la acogida, medida que se pretende incluir en la Ley de Extranjería y fue tema clave de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el pasado miércoles.
En este punto, Canarias tiene prisa. Actualmente acoge a más de 6.000 menores migrantes, contando con que su capacidad límite es de 2.000. Necesitaría reubicar al menos a 3.000 menores y aun así seguiría al 150% de su capacidad. También Ceuta y Melilla reclaman apoyo inmediato, pues tienen centenares de plazas ocupadas por encima de sus posibilidades.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que el Gobierno va a intentar registrar «lo antes posible» la iniciativa legislativa para reformar la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pese a no contar aún con el apoyo del PP.
Reacción de Vox
La respuesta del PP ha supuesto una reacción inmediata en Vox. A través de su cuenta de X, el partido, aliado al PP en cuatro comunidades autónomas, ha señalado a Feijóo de ser «responsable» de «romper los Gobiernos de coalición» como acoja más menores en sus territorios, aún de forma voluntaria. Santiago Abascal le ha acusado de «estafar a los españoles y ponerlos en peligro» ya que vincula a menores migrantes con «la distribución de la inseguridad por toda España». Ha asegurado que su partido no será «cómplice de robos, machetazos y violaciones».
