En el marco del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado retirar de las residencias y hospitales las sujeciones físicas y farmacológicas de pacientes con esta enfermedad. Lo que piden es que sean sustituidas por una mejor formación y atención del personal sanitario.
Ya en mayor de 2023, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) pidió al Gobierno un cambio legal para eliminar «totalmente» estas instalaciones con objeto de «respetar el derecho de libertad y dignidad de los mayores». La petición sigue a la espera desde entonces, aunque diversas entidades insisten en revertir este problema. De hecho, el programa ‘Desatar’ de CEOMA ha conseguido que 250 residencias dejen de utilizarlas.
El directo técnico del programa, Antonio Burgueño Torijano, ha explicado que los trastornos conductuales de las personas con demencia responden a «su manera de comunicarse», por lo que ha insistido en la necesidad de «aprender a interpretarlos» para incidir en la prevención. “Cuando el problema predominante es de conducta, la sujeción que se emplea es la farmacológica, pero eso induce a un mayor riesgo físico y de caídas por pérdida de reflejos o de coordinación. Es necesario incidir en ello, además de transformar las condiciones de la habitación, facilitar el acceso al baño y establecer ajustes organizativos”, ha recalcado.
Por su parte, el coordinador de los grupos de trabajo del programa Desatar de CEOMA, Vicente Pérez Cano, ha explicado: «En España se creía que con las sujeciones, la gente no se caía y se utilizaban dispositivos homologados, pero se ha demostrado que ese no es el camino. Las sujeciones, tanto físicas como farmacológicas, tienen más de 30 efectos secundarios negativos. Aumentan el riesgo de caídas porque las personas pierden tono muscular, sentido del equilibrio… y en el caso de las farmacológicas, las personas están adormiladas y tienen más riesgo de caer».
El experto ha concluido que los centros residenciales de personas mayores deberán retirar pronto estas prácticas porque «hay una instrucción de la fiscalía de enero de 2022 y una declaración de la Secretaría General de Bienestar Social para 2026».
