Madrid. 09/09/2025. Las personas con discapacidad tienen derecho al sexo, aunque históricamente se les haya negado. Hay una suerte de castración social que pone en evidencia el estudio realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Y no es cosa del pasado. En la actualidad, estos derechos siguen siendo vulnerados de forma constante, pese a ser esenciales para llevar una vida digna.
Si algo deja claro el informe es la necesidad de cambiar la mirada sobre sexo y discapacidad. COCEMFE, que busca la inclusión total del colectivo en todos los ámbitos de la vida, ha presentado un “Estudio sobre los Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica” en España. Una investigación que pone de manifiesto las barreras estructurales, sociales y familiares que les impiden tener una vida plena.
Mirar de igual a igual
La salud y los derechos sexuales y reproductivos (DSR) son universales y permiten decidir de forma autónoma cómo vivimos esta faceta, libre de coacciones, de violencias y discriminaciones. Pero cuando hablamos de personas con discapacidad física y orgánica la cosa cambia. Lo cierto es que no están garantizados, como apunta el estudio de COCEMFE.
A pesar de ser derechos reconocidos internacionalmente como parte esencial para el bienestar, la dignidad y la igualdad de oportunidades, este grupo social se enfrenta a numerosas barreras que les impiden o limitan poder ejercerlos. Barreras institucionales, falta de políticas públicas específicas, dinámicas en los entornos familiares, prejuicios y mitos sobre su sexualidad de quienes tienen una discapacidad.
Acerca de cómo vive la sexualidad este colectivo en pleno siglo XXI, tiene mucho que opinar Marta Valencia. Es la Secretaria de Organización y Comisionada de Mujer e Igualdad de COCEMFE y considera que éste no puede seguir siendo un tema tabú ni negado a las personas con discapacidad. El sexo forma parte de la identidad humana. Es preciso cambiar la actual narrativa. “En muchas ocasiones, las personas con discapacidad física y orgánica no somos reconocidas como sujetos deseados, autónomos o capaces de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestra vida afectiva”, afirma Valencia. La cierto es que esta manera de considerar al colectivo no solo vulnera derechos, además perpetúa un modelo discriminatorio que excluye a de poder ejercer derechos en libertad.
En este sentido, una de las principales conclusiones a las que ha llegado el informe para garantizar el pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos es la urgencia de transformar la mirada hacia la discapacidad. Hay que propiciar un punto de vista que parta de la igualdad. Un contexto que haga posible contemplar la discapacidad como una diversidad humana y no como una carencia. Ello facilitaría el cambio hacia una actitud más respetuosa y empática, que evite del todo la victimización de quienes tienen capacidades distintas.
Las historias reales de Rosa, Arturo y María
Rosa, Arturo y María son personas con diferentes limitaciones y distintos contextos vitales. Sus testimonios han sido parte esencial del estudio de COCEMFE, han valido para evidenciar que estos derechos o bien han sido invisibilizados a lo largo de la historia o condicionados o vulnerados. Afortunadamente son experiencias de vida que no solo hablan de exclusión, también dejan claro la capacidad de resiliencia y empoderamiento de sus protagonistas.
Para Rosa, una mujer rural de 52 años y residente en Ourense, su esclerosis múltiple fue el detonante. Aunque ya era madre desde hace años, el personal médico le insistió en los riesgos que conllevaría quedarse embarazada de nuevo con su diagnóstico. Le recomendaron un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo, si bien tales riesgos no estaban basados en informaciones científicas rigurosas además de realizar valoraciones personales del tipo: “Vamos a ponerte un DIU porque te puedes quedar en una silla de ruedas y después, ¿qué hace tu marido?”.
Arturo, que vive en Madrid, tiene osteogénesis imperfecta y pertenece al colectivo LGTBIQ+, considera que ha sido la sociedad quien le ha hecho sentir que su cuerpo es distinto y no válido. A sus 32 años cree tener bastante bien aceptado cómo es: “nunca lo he gestionado mal, el mayor drama lo han hecho los demás cuando me han hecho saber muy claramente que soy muy diferente” argumenta.
A María le diagnosticaron poliomielitis a los 2 años, ahora tiene 63 es madre desde hace 30 años y vive en un centro residencial en Alicante. Gracias a la buena voluntad del personal sanitario puede superar las barreras ante la inexistencia de medios adecuados para ejercer estos derechos. “Cuando he tenido que hacerme una citología he tenido que ir al hospital porque en el ambulatorio no se podía. Luego, allí podía entrar y como la camilla se puede bajar acercaba la silla todo lo que podía y si no, venía un enfermero y me ayudaba a subir”, detalla.
Barreras que superar
Las experiencias de vida de Rosa, Arturo y María evidencian los prejuicios y estereotipos que continúan existiendo en torno a las personas con discapacidad. Un estigma que afecta a la autoestima y a la concepción de sí mismas. Así lo sienten, además de reconocer que no solo existe ese rechazo, también sienten una mirada social que te convierte en un ser digno de compasión.
Según el estudio, son muchos los obstáculos que enfrentan la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica. Junto a la falta de políticas públicas específicas, estigmas sociales, infantilización y dinámicas de control familiar, estos derechos son vulnerados por otro tipo de carencias en distintas esferas de la sociedad. Desde falta de acceso a información hasta una educación sexual integral que permita decidir sobre la vida reproductiva y la sexualidad de forma libre y autónoma.
A la hora de ejercer la práctica sexual, hay que tener en cuenta las barreras físicas, así como la falta de privacidad y confidencialidad que suelen tener por no disponer de espacios propios donde explorar su sexualidad. También condicionan la clase social o el lugar de residencia a la hora de poder ejercer estos derechos.
Una asignatura pendiente
Para Isabel Caballero, de la Fundación CERMI Mujeres, los DSR son una asignatura pendiente, una reflexión compartida por las expertas consultadas para la realización de este estudio. Las conclusiones hablan de avanzar, afianzar y garantizar estos derechos para las personas con discapacidad y en particular aplicando la perspectiva de género, pues las mujeres son las que mayores vulneraciones sufren, y con un enfoque interseccional.
Pese a este balance, también es justo reconocer que en los últimos años se ha progresado en lo que a visibilidad se refiere. Así lo considera Natalia Rubio, Presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad. Ella sostiene que en el plano legislativo se han obtenido importantes logros y se ha realizado una reforma profunda del ordenamiento jurídico.
Un reconocimiento legal necesario pero insuficiente. Para COCEMFE, son muchas las acciones pendientes, la primera de ellas la incorporación explícita de los derechos sexuales y reproductivos de este colectivo social en las políticas públicas de salud, educación y servicios sociales. En esta misma dirección, habría que formar a profesionales sanitarios, educativos y sociales en discapacidad, género y derechos humanos, además de garantizar una atención sexual y reproductiva inclusiva y apoyos personalizados que respeten la autodeterminación.
Recuerda Marta Valencia, Secretaria de Organización y Comisionada de Mujer e Igualdad, que “También tenemos derecho a desear, amar, decidir formar una familia y vivir nuestra sexualidad libremente y sin violencias”.
Asistente sexual, una figura polémica
Algunas personas con discapacidad física y orgánica no pueden explorar su cuerpo por sí solas, ni realizar prácticas sexuales en pareja sin ayuda. La asistencia sexual nace de esa realidad y de la necesidad de disfrutar del propio cuerpo.
La existencia del asistente sexual y los servicios que puede llegar a prestar esta figura suscitan polémica y debate. Su principal finalidad es facilitar la autonomía sexual pero hay quien asocia esta figura a una forma de prostitución. Un enfoque malentendido, pues estas personas, prestan ayuda durante la práctica sexual, pero no interactúan sexualmente con la persona asistida. Tampoco se pretende educar o intervenir a nivel terapéutico. Su papel es facilitar la práctica sexual de forma puramente instrumental.
Aunque en España la figura del asistente sexual, también llamada acompañante íntimo, es relativamente reciente, en algunos países de Europa (como por ejemplo Suiza) se encuentra regulada y respaldada económicamente por el Estado. Ello asegura a estas figuras profesionales mayor seguridad y un nivel de formación, además de un marco legal. Pueden estar contratadas por parte de una empresa y por tanto cobrar una remuneración o desempeñar sus servicios y estar dadas de alta en calidad de autónomas.
En España, otra manera de acceder a estos servicios es a través de las ONG y entidades sociales del sector que promueven la figura del asistente sexual para personas con discapacidad. La asistencia sexual se ejerce como un voluntariado que se proporciona dentro de la organización.
Es hora de cambiar la mirada social castrante. Dejar de considerar que quienes tienen una discapacidad no pueden tener placer o derecho a procrear. Ese es el problema. Ahí es donde reside la verdadera discapacidad.
