La Ley de Desindexación está causando estragos en entidades y organizaciones sociales. La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha mantenido una reunión con el director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Víctor Ausín Rodríguez, para solicitar una reforma urgente y velar por la sostenibilidad de las entidades.
La Ley de Desindexación, que limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, se desarrolló con el objetivo de hacer más competitiva la economía española. Sin embargo, «los elevados niveles de inflación resultan deficitarios para las organizaciones», según ha resaltado Luis Cayo Pérez, vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asunto Públicos de la Plataforma del Tercer Sector.
Las organizaciones, a pesar del déficit que les supone, deben seguir prestando los servicios sin recibir ingresos ajustados a la realidad económica. En este sentido, Pérez ha pedido que se establezca un mecanismo legal que permita revisar y actualizar periódicamente los costos unitarios de los servicios sociales. Esto garantizaría la viabilidad de los contratos cuando surjan situaciones imprevistas que aumenten los costos, asegurando así la continuidad y sostenibilidad de estos servicios por «razones de interés social».
La Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.
