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Asociaciones LGTBI+ quieren que se garantice la igualdad real

  • Las tres organizaciones estatales que negociaron la ley, reclaman máximos para proteger al colectivo

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis han solicitado al Gobierno de España, en el aniversario de la aprobación de la Ley, el despliegue completo de esta ley en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales.

El objetivo, según las tres organizaciones, es frenar los discursos y políticas del odio que afirman se están incitando desde ciertos sectores políticos. A juicio de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, “La ley debe reglamentarse e implementarse a máximos, porque para eso luchamos en la anterior legislatura, para tener un dique de contención contra el odio. Nos asiste la ley pero también la razón contra el odio. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Reclaman que se aplique la Ley estatal

Jose Maria Nuñez, presidente de Fundación Triángulo por su parte incide en que “la pasada legislatura fue la que, con una amplia mayoría parlamentaria, convirtió en Ley estatal la protección de los derechos de las personas LGBTI, y en especial la atención integral a las personas Trans. Es, además de una cuestión de justicia social, la mejor manera de combatir los discursos de odio”.

Por su parte, Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis recuerda que “la Ley 4/2023 ha sentado las bases y ha dado legitimidad a las reivindicaciones históricas sobre autodeterminación de las personas trans. Según Bonilla, las 14 leyes LGTBI autonómicas existentes regulan los derechos en algunas de las competencias derivadas que tienen las CCAA, principalmente en educación y sanidad. Incide también en que “no se debería adaptarlas a la ley estatal, porque no son el resultado de ingeniería social de género sino del diálogo histórico entre el colectivo LGTBI y los diferentes gobiernos regionales de derechas y de izquierdas, tampoco existe inseguridad jurídica ni se criminaliza a profesional alguno”.

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