El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este martes en La Moncloa para presentar un plan de ayuda destinado a las personas afectadas por el episodio de lluvias torrenciales provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas por un valor total de 10.600 millones de euros con el objetivo de reconstruir viviendas y reemplazar bienes esenciales, así como dar apoyo financiero y fiscal para personas autónomas y empresas que han sufrido pérdidas significativas.
Sánchez confirmó que las áreas más castigadas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón han sido declaradas “zonas gravemente afectadas por una emergencia”, una categoría que sustituye a la antigua “zona catastrófica”. Esta medida permitirá que las personas afectadas puedan acceder a un paquete de ayuda más amplio, adaptado a la magnitud de los daños.
Además, el Ejecutivo ha aprobado un Decreto Ley de urgencia, que consolida todas las ayudas económicas, laborales y fiscales en un solo marco legal. Esta legislación busca facilitar el acceso a recursos para la ciudadanía afectada y coordinar una rápida respuesta administrativa, permitiendo así que los recursos lleguen lo antes posible a quienes los necesiten.
Según el presidente, los 10.600 millones “son muchos recursos económicos” a los que se sumarán “otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias” y también de las cuentas del Estado, con el consiguiente impacto en déficit público y en deuda pública. Por ello, ha dicho Sánchez, es “evidente” que son “más necesarios que ayer” unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Un plan en tres fases y ayudas inmediatas
El presidente explicó que el plan de apoyo y recuperación se estructura en tres fases. La primera, denominada “respuesta inmediata”, ya se ha puesto en marcha y cuenta con un despliegue significativo de personal y maquinaria para atender las necesidades urgentes de los territorios. Sánchez reconoció que, a pesar de los esfuerzos, aún quedan personas desaparecidas y muchas familias y negocios esperan ayuda para superar la crisis.
Las próximas fases se enfocarán en la reconstrucción y la adaptación a futuros eventos climáticos extremos, con el objetivo de que el territorio pueda resistir de mejor manera las emergencias climáticas que se anticipan. Este plan integral, que será coordinado por una comisión interministerial, se mantendrá activo el tiempo necesario para asegurar una recuperación plena y una transformación del territorio.
60.000 euros para reconstruir las viviendas
Entre las ayudas directas, las familias afectadas podrán recibir hasta 60.000 euros para reconstruir sus viviendas, mientras que quienes hayan sufrido daños parciales podrán recibir entre 20.000 y 60.000 euros, dependiendo de la magnitud de las reparaciones necesarias. Asimismo, se otorgarán hasta 10.300 euros para la reposición de muebles y electrodomésticos dañados, con el objetivo de apoyar a las familias en su regreso a la normalidad. Además, quienes hayan perdido su vehículo recibirán indemnizaciones a través del Consorcio de Compensación de Seguros, con un 20% adicional sobre la tasación del vehículo.
Por otra parte, las empresas y autónomos recibirán apoyos que varían entre los 5.000 y 150.000 euros, según su nivel de actividad. Sánchez también ha señalado que la tramitación de estas ayudas será simplificada para garantizar que el dinero llegue a los afectados en un plazo máximo de 30 días. Con esta medida se espera beneficiar a unos 65.000 autónomos y 30.000 empresas.
Exenciones y medidas fiscales
En el plano fiscal, el Gobierno ha decidido implementar una serie de exenciones y aplazamientos para aliviar la carga tributaria de las personas damnificadas. Entre estas medidas, se incluye una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2024 en las zonas afectadas, y una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Además, se permitirá que las personas afectadas tramiten la baja de sus vehículos dañados sin pagar tasas de Tráfico, y podrán reemplazar de forma gratuita sus carnés de conducir o DNI si estos resultaron afectados por la DANA.
En el caso de los contribuyentes de estas áreas, se ha aplazado el segundo pago de la declaración de la renta hasta el año 2025, beneficiando así a aproximadamente 200.000 personas. Además, las personas dedicadas a la agricultura de las zonas dañadas también recibirán una reducción en el IRPF e IVA para sus explotaciones y actividades agrarias, como parte de la respuesta integral del Ejecutivo.
Medidas laborales y sociales: ERTE, ingreso mínimo y pensiones
El Gobierno también ha anunciado que las empresas que necesiten acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores hasta febrero de 2025. Esta medida busca evitar despidos y asegurar la continuidad de los empleos.
Además, el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas aumentarán un 15% durante tres meses para las personas afectadas, como forma de apoyar a los sectores más vulnerables en el proceso de recuperación.
Financiamiento adicional y colaboración europea
El presidente explicó que los 10.600 millones de euros son solo la “primera respuesta”, y anticipó que se necesitarán más recursos, que el Ejecutivo planea obtener mediante fondos europeos y el presupuesto estatal. España ya ha iniciado los trámites para solicitar ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y otros recursos comunitarios.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales de 5.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los cuales ya se ha liberado un primer tramo de 1.000 millones para ayudar a empresas y autónomos.
Además, el Gobierno central va a pagar el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA para la retirada de escombros, enseres, suministro de agua potable… También se hará cargo de hasta el 50% de las obras que tengan que llevar a cabo los ayuntamientos “en los próximos meses y años” para reparar infraestructuras, carreteras y equipamientos municipales.
Apoyo de las Cortes Generales
Por último, las Cortes Generales también se han comprometido con una ayuda conjunta de 45 millones de euros. Esta cantidad proviene del remanente presupuestario del Congreso y del Senado, y se destinará directamente a las víctimas de la DANA, reforzando el esfuerzo nacional de reconstrucción.
