El 2 de enero de 2025 entró en vigor en España un Decreto Ley que obliga al sector veterinario a comunicar qué tipo de antibióticos prescriben a los animales de compañía que tratan. La medida, aprobada en 2023 y basada en la normativa europea de 2018, busca combatir la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, ha generado una fuerte oposición en el sector veterinario, que considera que la regulación limita la capacidad de decisión de profesionales, pone en riesgo la salud de los animales y aumenta la burocracia innecesariamente.
Desde el Gobierno argumentan que la principal motivación a la hora de impulsar esta ley es la lucha contra la resistencia antimicrobiana, la cual se considera un problema de salud pública que debe abordarse con medidas estrictas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en repetidas ocasiones sobre la amenaza de las superbacterias, que causan más muertes al año que enfermedades como el VIH o la malaria.
Por ello, para el Ministerio de Agricultura, establecer un control sobre la prescripción de antibióticos en animales de compañía es un paso necesario dentro de una estrategia global para evitar que los patógenos se vuelvan inmunes a los tratamientos actuales.
El protocolo marcado por Agricultura consiste en que el personal veterinario está obligado a recetar un antibiótico de la lista permitida y a registrarlo en un sistema telemático (Presvet). En el caso de que profesionales determinen que el animal necesita otro tipo de antibiótico no incluido en la lista porque genera más resistencia, deben pedir un antibiograma, un cultivo para verificar si una bacteria es sensible a ese antibiótico.
El Gobierno defiende que la recopilación de esta información «no impone restricciones en la prescripción de medicamentos«, sino que simplemente establece un mecanismo de control para «garantizar que el uso de antibióticos se realiza de manera racional y eficiente».
En cuanto al tiempo de adaptación de la medida, desde el Gobierno explican que la comunidad veterinaria «ha tenido más de un año y medio para prepararse«, al igual que ya hicieron los veterinarios y veterinarias de ganado, quienes llevan comunicando la prescripción de antibióticos desde 2019. De esta manera, «todo el sector estaría conectado».
El rechazo del sector veterinario
Sin embargo, profesionales han expresado de forma generalizada su descontento con esta medida. Manuel Martínez Domínguez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), explica a este periódico que la normativa «fue elaborada sin la participación activa del sector», por lo que «carece de legitimidad«.
A pesar de que el sector veterinario comparte la idea de la necesidad de controlar y hacer un uso racional de los medicamentos, también considera que el decreto publicado se ha elaborado «desconociendo la realidad del sector de los animales de compañía y ocio a los que está abocando a unos trámites administrativos injustificables, exigiendo datos con los que ya cuenta la Administración a través del ESUAVet (Sistema para la Vigilancia del Consumo de Antimicrobianos)», señala Martínez.
Principalmente, la comunidad veterinaria denuncia que este decreto «limita la toma de decisiones basadas en el criterio profesional«, sin tener en cuenta que la elección del antibiótico o tratamiento adecuado en cada paciente «la debe adoptar el profesional veterinario, que está perfectamente cualificado para determinar el antibiótico que debe administrar o prescribir en cada momento, a qué dosis, para qué indicación y la duración del tratamiento», apunta el experto.
Además, revela que los trámites administrativos adicionales «perjudican a los pequeños negocios veterinarios, ya que requieren un esfuerzo adicional en términos de recursos y personal, lo que genera una carga económica insostenible para muchas clínicas».
En este sentido, el presidente de FESVET asegura que, desde que ha entrado en vigor la norma, la obligación de notificar cada prescripción les resta cerca de 50 minutos diarios de trabajo, reduciendo así su «capacidad de atención a los animales y dificultando la accesibilidad a los tratamientos».
Por todo ello, las principales organizaciones veterinarias, FESVET y la Confederación Empresarial Veterinaria (CEVE), convocaron una manifestación este 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura para exigir la derogación del Real Decreto 666/2023 y la negociación de una nueva normativa. Durante el encuentro también demandaron el reconocimiento de la veterinaria como profesión sanitaria y la descentralización de la venta de medicamentos veterinarios.
Sanciones económicas
Uno de los casos más polémicos que han inflamado la protesta es la supuesta muerte de una perra en Galicia debido a las restricciones impuestas por la norma, según la red de clínicas Adrisa. Un suceso que el presidente de FESVET “lamenta enormemente” y al que otorga “toda la credibilidad».
Además, el sector veterinario denuncia también que la normativa impone sanciones desproporcionadas para los profesionales que la incumplan. Multas que pueden llegar a superar el millón de euros en casos graves. Esto, según Martínez, “convierte simples errores administrativos en faltas con consecuencias desmesuradas”.
Y es que, la reciente divulgación de una supuesta sanción de 90.000 euros a un veterinario ha generado alarma en el sector, aunque posteriormente el ministerio aclaró que la multa estaba relacionada con otro caso ajeno a esta normativa. En realidad se trataba de un veterinario investigado por el Gobierno de las Islas Baleares que fue multado por el Ejecutivo insular por uso irregular de medicamentos.
No obstante, en una entrevista concedida a EFE, Luis Planas, Ministro de Agricultura, afirmó que «no se multará a un veterinario por administrar un antibiótico al animal antes de que llegue el resultado del cultivo si lo hace para salvarle la vida«.
Reducción del IVA en veterinaria
Por otra parte, el sector veterinario reclama la reducción del IVA del 21% sobre los servicios asistenciales a animales de compañía, en contraposición al gravamen que tienen los animales de producción que es del 10%. “El alto coste de la asistencia veterinaria dificulta el acceso a los tratamientos, afectando el bienestar animal y la salud pública«, comenta Martínez.
La realidad es que muchas personas propietarias de mascotas se ven obligadas a retrasar o evitar consultas veterinarias debido al encarecimiento de los tratamientos, lo que puede derivar en «un aumento de enfermedades no tratadas y, en última instancia, en un problema de salud pública mayor”, advierte.
Otro de los puntos clave de sus reivindicaciones es la necesidad de que el Ministerio de Sanidad asuma competencias en materia de salud pública veterinaria. Según los veterinarios, su labor está estrechamente vinculada a la salud humana, ya que el 65% de las enfermedades que afectan a los animales son zoonosis, es decir, pueden transmitirse a las personas.
Por ello, insisten en que la veterinaria debe ser reconocida como una profesión sanitaria de pleno derecho y que sus regulaciones deben ser gestionadas desde el ámbito de la salud pública.
Impacto económico
En términos económicos, el sector de la sanidad animal representa el 2,3% del PIB español, con un valor global de 36.681 millones de euros y 44.500 empleos directos. Las clínicas veterinarias, en particular, generan 2.853 millones de euros, lo que supone el 0,18% del PIB.
Según un informe elaborado por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac), la alimentación de mascotas representa un negocio de más de 2.000 millones de euros, mientras que los medicamentos veterinarios mueven alrededor de 500 millones.
Estos datos demuestran la importancia del sector no solo desde una perspectiva sanitaria, sino también como un motor económico fundamental dentro de la economía española.
