Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado importantes modificaciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Una de las principales novedades es el cambio de nombre del registro, que ahora incluirá también a «todas las personas condenadas por trata». Esta medida, además, permitirá a empresas, instituciones, ONG y colegios profesionales acceder y actualizar el certificado de carencia de antecedentes sexuales del personal laboral directamente en el registro, siempre y cuando cuenten con el consentimiento expreso de la empresa. Esto impide que estas personas trabajen con menores de edad.
Esta medida supone un cambio significativo, ya que anteriormente era responsabilidad del personal contratado presentar este documento en su lugar de trabajo. Con esta nueva disposición, las empresas podrán mantenerse informadas y tomar medidas preventivas para evitar situaciones en las que el personal laboral cometa delitos sexuales después de haber presentado el certificado.
«Tendremos un control periódico para evitar que puedan estar trabajando en contacto con menores personas condenadas por un delito de esta naturaleza», explicó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Otra modificación relevante es la posibilidad de que las personas trabajadoras menores de edad, a partir de los 16 años, soliciten su propio certificado sin necesidad de intermediación de un adulto. Esta medida está especialmente pensada para jóvenes que ocupan empleos temporales en actividades que implican contacto con menores, como personal de ocio y tiempo libre de campamentos o socorristas.
Colaboración con la Unión Europea
Además, se agilizarán los trámites para las personas residentes en la Unión Europea que deseen trabajar en España. Ahora, el registro español se interconectará con el Registro de Antecedentes Penales Europeo, lo que eliminará la necesidad de presentar tanto el certificado español como el de su país de origen. Esta medida busca facilitar la integración laboral de la ciudadanía europea y evitar obstáculos burocráticos innecesarios.
Por último, se equiparará el régimen de cancelación de antecedentes de cualquier condena fuera de España, adaptándolo al régimen español.
