Mª Carmen Sacacia es presidenta de la Comisión de Educación Inclusiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidenta de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS). Además, es madre de una joven con sordera bilateral profunda y conoce muy bien la realidad y los obstáculos a los que se enfrentan a diario estas personas. Un ejemplo de estos obstáculos se hizo público hace unas semanas, al conocerse un grave caso de discriminación educativa durante las pruebas de la PAU.
El pasado 2 de junio, un alumno sordo fue obligado a quitarse sus audífonos durante todos los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Diversas organizaciones concienciadas con la discapacidad no entienden que este tipo de discriminación provenga de instituciones educativas y que estas se muestren tan intransigentes en uno de los momentos más determinantes de la vida académica de cualquier estudiante. En esta entrevista, Mª Carmen Sacacia nos habla de este grave caso de discriminación institucional, la realidad de las personas con discapacidad en sus etapas educativas y de los avances y mejoras que urgen en este ámbito.
¿Cómo valora CERMI el caso reciente del alumno sordo al que se le impidió usar sus audífonos en la prueba de acceso a la universidad?
Permítanme contestar, no solo como la presidenta de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI, sino también, como presidenta de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas – FIAPAS y madre de una joven con discapacidad auditiva usuaria de implantes cocleares.
El hecho de que los miembros de uno de los tribunales de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) obligaran a un joven con discapacidad auditiva a quitarse sus audífonos, es una clara discriminación, así como una negación del ejercicio de derechos en igualdad de condiciones respecto al resto de los estudiantes.
Pongámonos en su lugar, en un momento en el que te estás “jugando” tu futuro, te hacen quitarte las prótesis, que restituyen un sentido corporal: el oído. Prótesis que se utilizan diariamente y en toda actividad, formando parte de la propia persona, permiten el acceso al mundo sonoro y a toda la información y comunicación con el entorno. En este caso, además, a las instrucciones o a cualquier otra información facilitada en el transcurso de la prueba se dictan de viva voz y son determinantes durante el proceso de evaluación, hasta para advertirte del tiempo que te queda…
Lo ocurrido es tan desproporcionado como exigir a una persona usuaria de silla de ruedas que prescinda de ella al entrar al recinto de examen o de sus gafas a un usuario de las mismas…
¿Este tipo de situaciones son anecdóticas o reflejan una falta estructural de adaptación del sistema educativo?
Esta situación ha evidenciado un claro desconocimiento social de la discapacidad y en este caso particular, de la discapacidad auditiva, al minimizar el impacto que tiene sobre un estudiante. No obstante, es una circunstancia que lamentablemente estamos encontrando cada vez con más frecuencia en distintos tipos de pruebas selectivas, como el caso de la PAU o el acceso a la función pública.
Por otra parte, esta situación también ha puesto en evidencia un claro desconocimiento por parte del tribunal y de la Universidad de lo mandatado en la Ley Orgánica de Educación y de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en lo relativo al derecho a la educación inclusiva.
Estas actuaciones resultan inconcebibles en pleno 2025 y tiran por tierra los avances conseguidos en este sentido en las últimas décadas. Los estudiantes con discapacidad y sus familias llegan a este punto previo al ingreso a la Universidad, habiendo hecho un recorrido con mucho esfuerzo durante todas las etapas educativas anteriores.
¿En qué etapas educativas se detectan mayores carencias en cuanto a inclusión?
Las mayores carencias se detectan en las etapas no obligatorias: Educación infantil y posterior a la Educación Secundaria Obligatoria, tanto en Bachillerato como en Formación Profesional y en la Universidad.
¿Está el profesorado suficientemente formado y sensibilizado para atender a alumnos con discapacidad?
La percepción de las familias y de los propios estudiantes con discapacidad es que el profesorado está más experimentado en Educación Primaria que en el resto de las etapas educativas. Sin embargo, es evidente la falta de formación inicial y permanente del profesorado y, por tanto, falta de especialización.
Resultan insuficientes los contenidos que se dedican en la Universidad y en el Máster de Formación del Profesorado a la atención a la diversidad, al conocimiento de las discapacidades y la adquisición de herramientas metodológicas para llevar a cabo una inclusión efectiva.
Al final el alumnado está un poco a expensas de la buena voluntad del profesor, del interés que tenga por formarse y actualizarse y dar la respuesta educativa que cada uno necesita…
¿Existen diferencias entre comunidades autónomas a la hora de llevar a cabo una educación inclusiva?
Sin lugar a duda. Las competencias en materia de Educación están transferidas a las CCAA, lo que implica que cada una regula la disposición de recursos, las adaptaciones, los dictámenes de escolarización o las metodologías que se emplean.
Pero también se observan diferencias de un centro educativo a otro, en una misma ciudad y comunidad autónoma.
Por tanto, una parte de la responsabilidad corresponde a las administraciones y otra, al profesorado y a la propia comunidad educativa.
¿Qué papel juegan las familias en los procesos de adaptación escolar?
Creo que a la mayor parte de las familias de los niños y niñas con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad nos encantaría que nuestro papel fuera como el del resto de las familias.
Sin embargo, todavía hoy recae sobre nuestros hombros, gran parte de la responsabilidad de informar al profesorado y al resto de la comunidad educativa sobre las necesidades de nuestros hijos y las respuestas necesarias, sobre todo, en los cambios de etapa. Además, somos nosotros los que debemos estar reclamando a las administraciones educativas los productos y recursos de apoyo que precisan. Todo ello, sin olvidar, además, el sobrecoste económico que, para muchas familias, supone hacer frente a los productos y recursos de apoyo que no llegan a tiempo, que se estropean y tardan en reponerse…
Estos vacíos y falta de recursos a veces suponen la diferencia entre que el niño/a aproveche o no el curso escolar.
¿Qué reformas o inversiones serían urgentes para avanzar hacia una educación plenamente inclusiva?
Es imprescindible revisar la formación inicial del profesorado y garantizar que se incorporan a la docencia con unos conocimientos básicos. Además de garantizar una actualización y formación permanente, actualizada y acorde con los tiempos.
Pero no solo incluye el profesorado, también lo hace el centro educativo con espacios y dinámicas inclusivas, no solo durante la educación formal, sino también en el patio del recreo, el comedor, las excursiones y las actividades extraescolares. En definitiva, toda la comunidad educativa debe ser inclusiva, estar sensibilizada y conocer las necesidades del alumnado con discapacidad.
¿Qué mensaje trasladaría a las instituciones educativas, especialmente tras lo ocurrido en las PAU?
No podemos consentir que esta situación se repita, debemos evitar en el futuro interpretaciones arbitrarias de las instrucciones y prevenir nuevas vulneraciones de derechos. Ya se han iniciado gestiones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y con las Consejerías responsables en materia de Universidades, solicitando la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos del alumnado con discapacidad, en este caso, auditiva.
Las personas implicadas, las Instituciones y las administraciones deben reflexionar sobre lo ocurrido y comprender que han generado un obstáculo a un estudiante que ha supuesto una vulneración de un derecho fundamental: la Educación.
¿Qué le diría a los estudiantes con discapacidad y sus familias, que quizá se sientan desprotegidos ante estas situaciones?
Sabemos que la familia a veces puede sentir miedo de denunciar por evitar que su hijo se vea señalado o las represalias que se puedan tomar, pero les diría a los jóvenes y a sus familias que deben denunciar y hacer valer sus derechos. Que es comprensible que se trata de un momento muy delicado para los jóvenes. Pero que, si no se dan a conocer estas vulneraciones a los responsables, pueden volverse a repetir.
