El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Esta iniciativa forma parte del acuerdo impulsado por el Gobierno para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de la infancia y la adolescencia en España.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el principal objetivo de esta norma es garantizar los derechos de las personas menores de edad en el ámbito digital. Esto incluye la protección de su intimidad, honor, propia imagen, datos personales y acceso a contenidos adecuados para su edad.
La nueva ley contempla diversas medidas dirigidas a mejorar el conocimiento a menores y sus familias sobre los riesgos digitales, sancionar las violaciones de derechos en este ámbito, e imponer obligaciones a grandes operadores e influencers para garantizar la protección infantil.
Estrategia Nacional y campañas de sensibilización
Entre las medidas, los poderes públicos deberán elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección a la infancia en el entorno digital y lanzar campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores y los riesgos asociados, como el consumo de material pornográfico. Asimismo, se investigarán los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo de menores y adolescentes.
En el ámbito sanitario, la ley promoverá la detección precoz, prevención y atención especializada a menores con patologías derivadas del uso inadecuado de dispositivos. En el ámbito educativo, se impulsarán planes de formación en ciudadanía digital, alfabetización mediática, privacidad y propiedad intelectual.
Obligaciones para empresas tecnológicas
Además, el Anteproyecto obliga a los fabricantes a asegurar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental activados por defecto y un etiquetado informativo sobre sus riesgos. De igual forma, prohíbe el acceso de menores a mecanismos de recompensa aleatorios en videojuegos (loot boxes) y obliga a las plataformas de vídeo e influencers a advertir sobre contenidos potencialmente perjudiciales.
La norma también adapta el marco legal para enfrentar nuevas modalidades delictivas facilitadas por la tecnología. Tipifica como delitos los deepfakes pornográficos (imágenes falsas generadas por IA) y regula el alejamiento online. Introduce el grooming como circunstancia agravante en delitos contra la libertad sexual de menores y refuerza la tipificación de la difusión de material pornográfico a menores. También eleva de 14 a 16 años la edad mínima para consentir el tratamiento de datos personales.
Opinión de Save the Children
Save the Children ha valorado positivamente este anteproyecto de ley. Andrés Conde, director de la organización, ha destacado que internet es una parte integral de la vida de menores, presentando tanto riesgos como oportunidades, por lo que la organización aplaude el enfoque del anteproyecto, que se aleja del prohibicionismo y promueve entornos digitales seguros. “La participación infantil y adolescente es un elemento fundamental del anteproyecto, planteando la creación de espacios no sólo formativos, sino en los que niños y niñas puedan aportar sus propias experiencias, necesidades y propuestas de mejora de cara a una estrategia de entorno digital seguro”, ha comentado.
Asimismo, para Save the Children, la verificación de la edad “es una medida fundamental para limitar el acceso a contenidos nocivos, y debe plantearse desde una perspectiva que proteja la intimidad e identidad de la infancia y la adolescencia”. Respecto a los controles parentales, Conde explica que la utilización de los mismos «sirvan como punto de partida para una conversación en la familia sobre límites y contenidos. Las medidas de control en sí mismas no generarán usuarios responsables”, apunta.
