La Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores ha anunciado al Gobierno la recogida de 50.000 firmas destinadas a pedir a Naciones Unidas que actúe en favor de sus derechos, con una convención internacional que los ampare. Esta iniciativa busca equiparar a las personas mayores con otros sectores de la población que ya cuentan con la protección de convenciones internacionales.
Desde la aprobación de una moción en el Senado en mayo de 2022 hasta su inclusión en el II Plan Nacional de Derechos Humanos de las personas mayores en 2023, se han dado pasos importantes hacia la concreción de esta convención. No obstante, su efectiva realización depende en parte de la posición de la Unión Europea, aunque países como Portugal y Eslovenia ya están trabajando activamente en este sentido.
Con la próxima decimocuarta sesión del Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento (OEWGA) de la ONU programada para el 20 al 24 de mayo en Nueva York, la Mesa Estatal enfatiza la importancia de que el Gobierno español respalde esta iniciativa en este «encuentro clave» en el que los Embajadores de Brasil y Portugal presentarán, después de todo un año de negociaciones, una serie de conclusiones señalando qué opciones son mejores para defender los derechos de las personas mayores.
Cuestiones a debatir
Este encuentro consiste en analizar el marco legal internacional en relación con los derechos humanos de las personas mayores e identificar las lagunas de protección y la mejor manera de abordarlas. En el año anterior, se debatieron cuestiones como el derecho a la salud y acceso a los servicios de salud, la inclusión social de este grupo de población y la seguridad económica.
Por último, la Mesa Estatal subraya que esta solicitud no solo proviene de organizaciones civiles, sino también de figuras internacionales expertas en la cuestión, como la Experta Independiente sobre los Derechos de las Personas de Edad y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por todo ello, expresan al Gobierno español que «ahora es el momento de actuar para garantizar que las personas mayores puedan envejecer con plenos derechos».
