- Una de cada seis mujeres y uno de cada nueve hombres no tienen dónde vivir una vez cumplen sus condenas
Una buena parte de las personas que cumplen condena en las cárceles españolas tienen problemas de drogodependencia y otras adicciones. Coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, reclamó un mayor compromiso público y político que se traduzca en más recursos para esta población reclusa, y una mayor financiación para afrontar sus necesidades reales.
Quienes viven en prisión siguen siendo personas y nuestro sistema garantiza, o trata de hacerlo, que reciban un trato de acuerdo con su humanidad. Desde la red de UNAD, que representa a más de 200 entidades en toda España, se ha querido visibilizar la situación de esta parte de la población reclusa, especialmente vulnerable no solo por sus adicciones, sino por el contexto de pobreza, carencias educativas, exclusión social, salud mental y violencias sufridas (sobre todo, las mujeres) que las acompañan.
A principios de año UNAD ya dejó constancia de estas precariedades tras la publicación de su informe ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’. La iniciativa recoge la situación de más de 1.000 personas privadas de libertad de las que el 77% son hombres y el 23% son mujeres. El estudio lleva a la Red de Atención a las Adicciones a concluir que pese a que cada año aumentan ligeramente la partidas presupuestarias destinadas a la atención de la población penitenciaria, estas siguen siendo insuficientes.
Más allá de las adicciones
Las personas reclusas piden más personal sanitario y una mayor frecuencia en las atenciones, al tiempo que denuncian una excesiva medicalización. Tampoco consideran que en los centros se aborde con eficacia la adicción y sus posibles tratamientos, teniendo en cuenta la necesidad de una atención integral que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que uno de cada cuatro hombres y una de cada tres mujeres en prisión tienen alguna enfermedad mental diagnosticada.
Otro dato importante es el de las violencias sufridas, que afecta al 45% de la población reclusa en algún momento de sus vidas con una incidencia notablemente mayor en las mujeres, de las cuales hasta un 74,8% manifiestan haber recibido alguna vez malos tratos físicos y un 80,6% malos tratos psicológicos (un 45,8% en los hombres). En cuanto a los abusos o agresiones sexuales, los reconoce un 15,7%, con unos datos que acentúan la situación de víctimas de las mujeres (un 45,3% reconoce haberlos padecido en uno o varios momentos de su vida) respecto al 6,6% de los hombres.
Se puede suponer que la situación vital de estas personas mejora a posteriori, cuando salen. Sin embargo, una de cada seis mujeres y uno de cada nueve hombres no tienen dónde vivir una vez cumplen sus condenas. Ya antes de ingresar en prisión, el 30% (28% de hombres y 35% de mujeres) estaban en situación de desempleo.
UNAD insiste en la urgencia de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad mediante más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar su atención a la del resto de la sociedad.
