Piden medidas legales para una sociedad más igualitaria

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha entregado al Gobierno y a los grupos parlamentarios un documento con 16 propuestas clave para ser incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Estas medidas buscan avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, según ha señalado el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

El documento, que ha sido consensuado por las principales entidades del Tercer Sector, tiene como objetivo que los nuevos Presupuestos Generales del Estado promuevan un mayor enfoque social, permitiendo combatir la pobreza y la exclusión, y garantizando el bienestar para toda la ciudadanía. En palabras de Poyato, «casi 13 millones de personas en España están en riesgo de pobreza o exclusión social», lo que subraya la importancia de estas propuestas para fortalecer los derechos sociales y la cohesión social.

IVA superreducido y más vivienda pública

Las 16 propuestas presentadas por la PTS se estructuran en torno a nueve ejes de acción, entre los que destacan: política fiscal, vivienda, educación, igualdad, cooperación internacional y recursos sociosanitarios. Entre las medidas más destacadas, la Plataforma solicita la aplicación del IVA superreducido a productos de primera necesidad para personas con discapacidad, en situación de pobreza y menores. También proponen aumentar la partida destinada al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y desarrollar una nueva estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En materia de vivienda, se reclama un incremento de la oferta de alquiler público y asequible, así como un mayor gasto público en becas y ayudas al estudio. La PTS también pide un aumento de los fondos para el Plan Nacional sobre Drogas, destacando la necesidad de fortalecer el apoyo a las personas más vulnerables.

Sostenibilidad del Tercer Sector

Otra parte significativa del documento se centra en garantizar la sostenibilidad del propio Tercer Sector. Entre las medidas propuestas, se incluye el incremento del 0,7% al 1% de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general de carácter social. Además, solicitan la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en servicios sociales, lo que permitiría a las entidades sociales contar con mayor estabilidad financiera y una planificación a largo plazo.

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