- La pobreza y la exclusión social afectan tres veces más a la población de origen inmigrante extracomunitario que a la española.
La incidencia de la pobreza y la exclusión social fluctúa entre el 68% y el 81%. La cifra más elevada corresponde a las personas cuya situación administrativa es irregular. Mientras, en el caso de los españoles, alcanza un 26%. Estas son algunas de las conclusiones del informe FOCUS “Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular”, recién publicado por la Fundación FOESSA.
A falta de cifras oficiales, Cáritas hace una estimación a partir de los datos de sus programas de acción social y concluye que un 32% (unas 550.000 personas) de las que acompañaba a través de sus programas y recursos en 2022, se encontraban en situación administrativa irregular. Lo que supone un 43% más que a lo largo de 2019. No son datos reales, pero sí una aproximación realista según Thomas Ubrich, de la Fundación FOESSA y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española.
Exclusión social
Centrándose en las personas en situación administrativa irregular, el estudio relaciona directamente su falta de reconocimiento con los rasgos de exclusión social y las limitaciones en el derecho a la salud, al empleo y a las ayudas de vivienda.
De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular comparten hogar solo con personas activas desempleadas, y el 23% de quienes sustentan el hogar no tienen contrato legal ni cotizan a la Seguridad Social.
Además, un 31% de estas personas atendidas por Cáritas reconocen haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico, frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas.
Limitaciones en sus derechos
Respecto al acceso a la vivienda, los gastos son tan excesivos para siete de cada diez que les resulta casi imposible cubrir otros gastos esenciales. De hecho, la falta de ingresos estables y suficientes se traduce en problemas de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) y de hacinamiento grave (el 35%). Un 24% de estas personas viven en hogares con tenencia de la vivienda en precario, frente al 11% de personas con origen extracomunitario o el 5% con nacionalidad española que padecen la misma situación.
También encuentran grandes dificultades para ver reconocido su derecho de acceso a la atención sanitaria, que tras la última reforma ha quedado al arbitrio de la normativa autonómica. Además, al menos un 17% viven en hogares con graves problemas de nutrición, y más de la mitad (57%) en hogares donde los problemas económicos les obligan a renunciar a la compra de ciertos medicamentos, dietas o tratamientos médicos.
Para garantizar los derechos humanos de las personas migradas, María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, estima fundamental perseverar en “una puesta en práctica real de las vías legales de entrada», y «avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años aportando a nuestra sociedad”.
