El Gobierno ha aprobado recientemente una reforma del Reglamento de Extranjería que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025. La nueva normativa introduce mejoras en los procesos de regularización, pero organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten que aún quedan desafíos importantes por resolver.
Uno de los cambios más relevantes es la reducción del tiempo necesario para solicitar la regularización por arraigo, que pasa de tres a dos años. También se flexibilizan ciertos requisitos y se promueve el desarrollo de visados que permitan la entrada regular al país, ofreciendo alternativas legales y seguras para las personas migrantes.
Sin embargo, CEAR ha señalado que la reforma no supone un avance definitivo, ya que mantiene obstáculos para muchas personas en situación irregular. La organización ha expresado su preocupación por quienes solicitan asilo y reciben una resolución denegatoria, ya que la normativa no contempla soluciones efectivas para evitar que queden en situación administrativa irregular.
Durante el primer año de aplicación, se establecerá un régimen transitorio para las personas solicitantes de asilo que cumplan ciertos requisitos. Según CEAR, esta medida es insuficiente y sigue dejando fuera a muchas personas que, pese a haber pasado años en España, no cuentan con opciones viables para regularizar su situación.
Desde la organización insisten en la necesidad de una reforma más ambiciosa que garantice derechos y facilite la integración efectiva de las personas migrantes.
