Hace un par de semanas, el Gobierno cerraba la consulta pública y presentaba las propuestas del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha presentado varias enmiendas con el objetivo de favorecer la inclusión total de la población migrante y refugiada en España.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, explica que resulta necesario que el Reglamento «garantice las denuncias seguras y evite que se inicien expedientes de expulsión en contra de las personas en situación administrativa irregular, con especial atención a las víctimas de discriminación racial o étnica y de delitos de odio». Desde la PTS consideran «fundamental» asegurar que las personas extranjeras en situación irregular, presuntas víctimas de delitos, puedan formular denuncias «sin que derive en la incoación de un procedimiento sancionador que pueda conllevar la expulsión del territorio».
Por otro lado, la Plataforma hace hincapié en tener en cuenta la accesibilidad para las personas extranjeras con discapacidad. Reclama que la norma garantice que toda la información sobre procedimientos, documentación y autorizaciones sea accesible y que se realicen las adaptaciones necesarias. Además, se resalta la necesidad de incluir apoyos para las personas con discapacidad que sean parte de un proceso sancionador.
Como última petición, señala la necesidad de abordar los visados de carácter humanitario para que favorezcan la regulación de vías legales y seguras. En este sentido, las propuestas presentadas por la Plataforma se centran en las autorizaciones de residencia por motivos excepcionales y el nuevo régimen de familiares de personas de nacionalidad españolas. También se proponen mejoras sustanciales en cuestiones relacionadas con las personas en situación de protección internacional, como la autorización de trabajo o la residencia de los menores nacidos en España.
