- El Tercer Sector ve imprescindible la existencia de un ministerio que se ocupe de las políticas y derechos sociales
“Hay que desarrollar y materializar un programa que garantice los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”. Ese es el principal objetivo del Tercer Sector y la primera petición que hace al nuevo Gobierno. En este sentido, el Presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, ha reclamado un intenso paquete de políticas sociales así como la existencia de “un ministerio propio que refleje la importancia de estas cuestiones y que impulse la colaboración y cooperación con el Tercer Sector”.
Aun reconociendo cierto carácter social y la inclusión de varias de sus propuestas en el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar, la Plataforma del Tercer Sector señala que hay cuestiones que considera de gran relevancia y que todavía no se han incorporado. Por eso Poyato incide en la necesidad de que el nuevo Gobierno «profundice lo máximo posible en esas medidas sociales, además de trabajar para que se incluyan otras que no se han tenido en cuenta”.
Propuestas con calado
Una de las propuestas concretas de la Plataforma conlleva una reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derechos fundamentales a los derechos sociales y específicamente, la actualización del artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad.
Pero las propuestas desde el Tercer Sector van más allá e incluyen: un aumento del 0,7 al 1 % de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales, la ampliación la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, la necesidad de reducir la pobreza energética, así como mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital.
En materia de salud, pide una garantía del acceso universal y gratuito a la atención especializada por profesionales de la psicología y psiquiatras para toda la ciudadanía.
También solicita el reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentran en nuestro país en situación administrativa irregular a través de una regularización, un aumento del presupuesto destinado a las políticas de Cooperación al Desarrollo y la aprobación de una Estrategia Estatal de Voluntariado.
Asimismo, reclama un impulso a leyes y decretos fundamentales que no se aprobaron en la pasada legislatura, como la Ley Integral de Protección a las Familias, la Ley de Servicios Sociales o los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y de la Ley de Voluntariado.
