En una reunión celebrada este martes con la Secretaría de Estado de Economía Social, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha expuesto una serie de demandas clave orientadas a garantizar y reconocer los derechos de todas las personas, promover el diálogo civil y asegurar la sostenibilidad financiera del sector. Durante el encuentro, se subrayó la importancia del Tercer Sector como actor fundamental y agente clave en la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, así como su rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social del país. La PTS ha sido un aliado vital para el sector público en las distintas crisis recientes.
Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la PTS, propuso aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria para fines sociales del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Susías argumentó que esta medida permitiría a las entidades sociales contar con mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar su impacto social. Además, solicitó una reforma urgente de la Ley de Desindexación, debido a su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector, y reclamó la regulación legal de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios por razones de interés social.
Por su parte, Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la PTS, destacó la importancia de las empresas de inserción social como mecanismo para la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y la creación de riqueza mediante actividades económicas reales. Unas empresas que, según la vicepresidenta, «ayudan a reducir la exclusión y la discriminación social, favoreciendo la independencia e integración de las personas», destacó.
Empleos de iniciativa social y los de iniciativa privada
Sanz también solicitó que cualquier cambio legal mantenga la diferenciación entre los centros especiales de empleo de iniciativa social y los de iniciativa privada con ánimo de lucro, y reclamó el impulso a la Comisión Interministerial para mejorar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.
Asimismo, Ana Abril, representante de Cáritas, abordó las incompatibilidades entre las modalidades de contratación de la reforma laboral y el acceso a las empresas de inserción, subrayando la necesidad de un mejor encaje entre ambas normativas. Además, pidió una aplicación óptima y eficiente de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Por último, Fran Lores, coordinador de la PTS, solicitó la colaboración de la Secretaría de Estado para la campaña de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades, con el objetivo de aumentar el número de empresas que marquen esta casilla y así fortalecer el apoyo al Tercer Sector.
