El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció el pasado 2 de septiembre que emprenderá un «proceso jurídico contra el Estado» por la gestión de la crisis migratoria que afecta al archipiélago. Clavijo expresó su frustración, afirmando que «Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas, pero el Gobierno de España nos ha dejado solos». Una situación que ha afectado enormemente a las ONG de la zona, las cuales se encuentran «desbordadas» ante la masiva llegada de migrantes. Sin embargo, en los últimos días, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con el Gobierno canario para enmendar la situación. Una decisión que ha dividido a las ONG entre la esperanza por una posible solución y la sensación de que, una vez más, se ha politizado un tema trascendental como este.
A principio de mes, Clavijo acusó al Ejecutivo central de «amenazar», «presionar» y «amedrentar» a las ONG que gestionan los centros de acogida de menores. «Se ha cruzado una barrera que yo nunca pensé que fuera a ocurrir», lamentó, insistiendo en que su gobierno ha mantenido «lealtad» al Ejecutivo central y ha puesto el interés de las personas menores «por encima de todo».
El mismo día, el Gobierno de Canarias anunció que defenderá que los menores migrantes que llegan a las costas canarias en cayucos o pateras están bajo custodia policial y, por tanto, son competencia del Estado. Por ello, el mandatario canario, pidió a las ONG en Canarias que no acepten a ningún menor migrante más sin autorización de la comunidad, y aclaró que la comunidad seguirá colaborando en su acogida siempre que cuente con recursos, pero como una forma de «auxiliar» al Estado en su responsabilidad.
Sin embargo, desde la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Canarias (DIAPO), una ONG que brinda apoyo y asesoramiento para trámites administrativos y apoyo a familias, explican a este periódico que esta problemática «se tendría que haber solucionado hace mucho tiempo» y que se «han pasado el problema de unos a otros». Asimismo, manifiestan que uno de los problemas de fondo es la dificultad de determinar quienes de las personas migrantes que llegan a las costas son menores o no, «los cuales tienen unos derechos esenciales, y el Gobierno no nos ha facilitado esa labor».
Pese a los «gestos» del presidente Pedro Sánchez, como su reciente gira por países africanos para abordar la cooperación en materia migratoria, Clavijo consideró que tales acciones deben ir acompañadas de medidas concretas para ser efectivas. Asimismo, reiteró que los 50 millones de euros prometidos por el Gobierno central no compensan los más de 150 millones que el archipiélago ha tenido que destinar a la atención de menores no acompañados.
Una problemática que «ha sido politizada»
El conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central se intensificó tras la votación en julio en el Congreso, donde se rechazó la reforma de la Ley de Extranjería, que buscaba repartir de manera equitativa la acogida de menores entre las comunidades autónomas. Este fracaso decepcionó tanto a Clavijo como a gran parte de la ciudadanía canaria.
En este sentido, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió a Clavijo recordándole que fue el PP, socio de coalición en el Gobierno canario, quien votó en contra de admitir a trámite en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería.
Una tensión política que ha marcado una división de opiniones entre las distintas ONG involucradas. «Creemos que el tema esta excesivamente politizado para dar una opinión que recoja todas las sensibilidades. Sólo podemos decir que hay una importante preocupación en la sociedad y que las entidades y los voluntarios están desbordados de trabajo«, comenta a este medio Carlos Campiña, presidente de la Plataforma del Voluntariado de Canarias.
Por otro lado, los ministros Elma Saiz y Ángel Víctor Torres han criticado este martes «el cinismo» de Feijóo por cerrar un acuerdo con el Ejecutivo de esa comunidad en materia migratoria tras hacer fracasar el pacto que habría permitido el reparto de menores migrantes. Según Torres, el objetivo del presidente del PP no es resolver el problema, sino que actúa «para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario, para hacer uso político». «Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento ocho meses trabajado. Vote sí y modificamos aquello que sea modificable», manifestó.
Acuerdo con el Partido Popular
Mientras, el presidente canario ha mostrado su disposición a seguir negociando con el Gobierno central y otras comunidades autónomas para buscar una solución coordinada a la crisis. Entretanto, ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular, que incluye una hoja de ruta para gestionar la acogida de menores y abordar la emergencia migratoria desde una perspectiva integral.
Así, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se reunió el pasado martes en Tenerife con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para firmar un acuerdo con el que buscan dar respuesta a la creciente llegada de migrantes a las costas canarias. Bajo el nombre de ‘Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio’, el documento de nueve puntos será presentado al Gobierno central con el objetivo de abordar lo que han calificado como una «crisis migratoria» que afecta tanto a Canarias como a otras comunidades autónomas.
Durante la rueda de prensa conjunta, Feijóo destacó la importancia de este acuerdo, señalando que la situación migratoria de España es un «desafío global» que necesita una respuesta integral. «No podemos dejar sola a Canarias», afirmó el líder del PP, criticando duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo también comparó la situación en España con la de Italia, asegurando que el país gobernado por Giorgia Meloni ha reducido la inmigración irregular en un 60%, mientras que en España ha aumentado un 55%.
El documento recoge medidas como la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria nacional. Asimismo, se incluye una propuesta para mejorar el reparto y atención de las personas menores migrantes no acompañadas entre las distintas autonomías. Feijóo exigió también un mayor control fronterizo y el despliegue de fuerzas en países de origen y tránsito, con el apoyo de la Unión Europea.
Por su parte, Clavijo calificó el acuerdo como un «paso de gigante» y subrayó que la crisis migratoria debe ser tratada como un «pacto de Estado», no solo como un tema de debate político. El presidente canario recalcó la urgencia de una respuesta coordinada entre todas las Administraciones públicas, poniendo como ejemplo los más de 5.500 menores no acompañados que actualmente residen en las islas.
Un pacto que, para la Asociación de Inmigrantes Senegaleses (DIAPO), resulta «esperanzador», ya que la masiva llegada de personas migrantes está provocando un caos en las islas. «A muchos de estos menores no podemos ayudarles porque aquí no caben todos. Vemos como se comportan en las calles y no nos gusta», expresan. Una falta de ayuda que, por el momento, está provocando que «cada vez más se acreciente el odio y la intolerancia de la población canaria. Con lo cual, nos parece muy bien la iniciativa del PP para que se repartan a otras Comunidades Autónomas», señalan a este periódico.
En contraposición, la Red Española de Inmigración ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, denunciando al Gobierno canario por la posible vulneración de derechos fundamentales. La organización critica el acuerdo del Ejecutivo regional, que pretende transferir la gestión de menores migrantes al Estado, temiendo que esto afecte negativamente a los menores y que pueda replicarse en otras comunidades autónomas. Aunque el pacto no se ha materializado aún, la ONG considera que este planteamiento es preocupante para la protección de los derechos de los menores.
