Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado su XIII Informe “El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022”, un exhaustivo trabajo de investigación sobre los indicadores de pobreza en España y sus comunidades autónomas.
La principal novedad de esta edición es que incluye un análisis de la relación entre las tasas de pobreza y exclusión social y elementos específicos como la vivienda, el género, la edad o la influencia del hábitat. Precisamente en este sentido, las conclusiones son preocupantes, porque el coste de la vivienda en nuestro país, la brecha de género y el insuficiente apoyo a las familias con menores, se han convertido en factores clave para la generación de pobreza.
En 2022, cuatro de cada cinco personas con un gasto elevado en vivienda eran pobres. Quienes están en situación de pobreza tienen que alquilar más, pero el alquiler es más caro que una hipoteca y consume una gran parte de los recursos disponibles. La población en situación de pobreza invierte, de media, un 39,1% de sus ingresos en pagar la vivienda, lo que supone que su esfuerzo multiplica por tres el que realizan las personas no pobres (12,5%).
Una pobreza sesgada
Los indicadores sociales de pobreza y exclusión entre las mujeres, también señalan que la desigualdad de género es un problema histórico y estructural, que requiere abordajes específicos. El 27,2% de las mujeres y el 24,8% de los hombres están, según el estudio, en riesgo de pobreza y/o exclusión. Pero ni siquiera las políticas de recuperación llegan por igual a ambos sexos: desde 2015, las políticas sociales han rebajado en medio millón el número de hombres pobres, y en apenas 61.000 el de mujeres.
Asociada a la situación de fragilidad de la mujer, está la de las familias con menores a cargo que registran cifras especialmente altas para todos los indicadores de pobreza y exclusión. Esta situación de vulnerabilidad se traduce en elevadas cifras de pobreza infantil, con casi 2,6 millones de menores y adolescentes en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país; lo que representa un tercio del total.
Los hogares monoparentales, en una inmensa mayoría formados por una mujer con menores a cargo, son los que se llevan la peor parte, ya que prácticamente la mitad de ellos está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
El empleo y la educación, que suelen ser fundamentales para afrontar la pobreza, pierden fuerza como consecuencia de los bajos salarios y de la precarización del mercado laboral desde 2008. Una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado. Lo mismo sucede con la educación: el estudio recoge que el 42,9% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha finalizado estudios medios o altos, y una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza. En términos absolutos, desde 2008 se ha duplicado el número de personas pobres con educación superior hasta alcanzar 1,4 millones.
Una mejoría insuficiente
Según reflejan los indicadores de pobreza y exclusión en 2022 había en España 12,3 millones de personas (el 26% de la población) en riesgo de pobreza y exclusión social, 800.000 menos que el año anterior. La cifra, aunque no está mal, todavía se aleja mucho de los objetivos previstos por la ONU en la Agenda 2030. Y aunque haya 600.000 personas menos en situación de pobreza severa, las cifras son todavía muy elevadas: 4,2 millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 560 € al mes por unidad de consumo.
También los datos de desigualdad han disminuido hasta niveles de 2008: la renta media por persona ha alcanzado los 13.008€ (738 euros más que en 2021). Pero la mejora general no evita que las últimas crisis hayan impactado con fuerza en los hogares más vulnerables asociadas al precio de la vivienda, de los alimentos y de la energía.
En 2022, casi la mitad de la población española llegó con dificultades a fin de mes; un tercio no pudo permitirse ni una semana de descanso vacacional; y el 17,1 % no consiguió mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
El escudo social del Estado
También resulta novedoso el análisis del papel de las Administraciones del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas. Los datos indican que sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría hasta casi alcanzar la mitad de la población. La pobreza severa afectaría a casi un tercio de la población y respecto a la desigualdad, el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre.
Para acabar con la pobreza en España no basta con el mero crecimiento económico. Se necesitarían, según el informe, 68 años de crecimiento ininterrumpido del PIB per cápita. Y estos datos habría que sumarlos a los del informe del año pasado, que señalan que las medidas del llamado ‘Escudo Social’ evitaron que un millón y medio de personas cayese en situación de pobreza o exclusión.
Para Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, las políticas sociales son eficaces, “pero hay que ser más ambiciosos y acompañarlas con políticas de justicia fiscal. Acabar con la pobreza es una decisión política y una cuestión de derechos”.
Riqueza territorial
Por Comunidades Autónomas, el XIII Informe revela una notable desigualdad: las comunidades al norte de Madrid conservan, en general, tasas de pobreza y/o exclusión social más bajas. Mientras, las situadas al sur, registran cifras extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media nacional.
Desde EAPN-ES consideran que es «el momento” de plantear un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, con el objetivo de abordar -con una marcada perspectiva de género-, ámbitos como la calidad del mercado laboral, la garantía de ingresos, o el derecho de acceso y mantenimiento a una vivienda, además de apostar por políticas económicas y fiscales redistributivas que pongan a las personas en el centro.
