- El caso de Daniel Jiménez, hombre de etnia gitana, fue archivado y desde la Asociación Jurista Gitanos marcan su reapertura como «un hito jurídico»
El Tribunal Constitucional reabre el caso Dani, un hombre de etnia gitana que murió el 1 de junio de 2020 en un calabozo de la comisaría de Algeciras (Cádiz) tras ser detenido por un presunto delito de violencia de género. El TC ha estimado el recurso de amparo de la familia al considerar que la investigación no fue «suficiente y eficaz».
Daniel Jiménez, 39 de años, fue hallado ahorcado en su celda minutos después de hablar por teléfono con su padre para informarle de que al día siguiente sería puesto en libertad. Según la versión policial, Daniel se había suicidado con los jirones de una manta que había agarrado a los barrotes de su celda; declaración que la familia puso en duda ante el Tribunal.
Desde Juristas Gitanos criticaron que el juzgado instructor no consintió, por ejemplo, «pruebas tan básicas y necesarias como la toma de declaración de los policías que custodiaban a Daniel, ni de los otros detenidos que se encontraban en comisaría al momento de los hechos, ni del médico forense». Asimismo, consideraron que se impidió «una investigación más exhaustiva y se vulneró con ello el derecho a tutela judicial efectiva de la familia del joven fallecido».
«Hito jurídico»
La muerte de Daniel Jiménez abrió sospechas debido a que cuatro meses antes, en la misma comisaría, murió ahorcado de la misma forma Imad Eraffali, un joven marroquí de 23 años detenido por no tener la documentación legal que le acreditase estar en España. Su caso también fue archivado.
Después de más de tres años y medio desde los hechos denunciados, el Tribunal Constitucional «se alinea con nuestros argumentos y concluye que efectivamente el juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial se equivocaron al no adoptar ‘las exigencias del canon constitucional de investigación judicial suficiente y eficaz’, vulnerando así los derechos de los recurrentes y de la acusación popular», declaran desde la Asociación de Juristas Gitanos.
Para la asociación, esta sentencia ha supuesto un «hito jurídico que marca la pauta a seguir en el futuro por parte de los juzgados ante denuncias por violencia o muerte de personas bajo tutela del Estado, lo que evitará que estas se archiven sin ser debidamente investigadas, con suficiencia y eficacia».
