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Servicios públicos en precario para personas con discapacidad

  • Las actuales carencias en los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir a servicios privados

El 75% de las personas con discapacidad no reciben los servicios sanitarios y sociales que necesitan. La situación se agrava para las mujeres con discapacidad, entre las cuales ese porcentaje alcanza el 80%. Son solo algunas de las conclusiones de un estudio que acaba de publicar la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) sobre coordinación sociosanitaria.

COCEMFE ha podido realizar el denominado «Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España», gracias a una subvención procedente del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El informe se ha llevado a cabo con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, y en su realización se han implicado directamente más de 800 personas. Además de los ya señalados, el estudio pone de manifiesto otros datos especialmente llamativos respecto a las personas con discapacidad física y orgánica: solo en el 35,2% de los casos se les presta atención de calidad; el 62% de los profesionales sanitarios y sociales coinciden en denunciar la escasa comunicación entre el sistema social y sanitario.

La presentación del informe, a cargo del responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de COCEMFE, Alejandro Fernández, se ha producido durante la «Jornada sobre discapacidad orgánica: hacia un enfoque integrador para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica», que la entidad ha realizado en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La coordinación sociosanitaria, según Fernández, debe estar orientada a “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, con un abordaje estructural”, y debe abarcar “desde las políticas públicas hasta los niveles más concretos de intervención directa, pasando por los segmentos de coordinación, planificación, gestión y despliegue de las políticas”.

La realidad que se extrae del estudio es muy diferente, y pone de manifiesto que las actuales carencias en los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir a servicios privados. Esto provoca, a su vez, unos sobrecostes que para el 81,6% de las personas de este grupo social superan los 50 euros mensuales, para el 44% de las personas encuestadas se sitúan entre 50 y 200 euros, y para el 37,3% sobrepasan los 200 euros.

La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta el contenido de los informes anuales de EAPN-ES, que en el capítulo referido a 2022 sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad confirma su elevado riesgo de pobreza y exclusión (un 30%) respecto a aquellas sin discapacidad, a las que supera en siete puntos porcentuales.

Escasa comunicación entre el sistema social y sanitario

El estudio distingue la importancia del acceso a la información compartida y de la interoperabilidad de los sistemas de información para afrontar retos como los solapamientos, las interrupciones, las demoras. De hecho, el 62% de los profesionales sanitarios y sociales coinciden en señalar como dificultades más compartidas la escasa comunicación entre el sistema social y sanitario, al depender de administraciones diferentes. Le seguiría, con un 49%, la falta de historial compartido, y con un 46% la ausencia de sistemas tecnológicos.

Los datos se confirman tanto desde la visión profesional: solo el 35,2% de los más profesionales consideran que se presta atención de calidad a las personas con discapacidad (el 60,6% de los casos se presta con calidad “algunas veces”); como desde la visión de las personas con discapacidad, de las cuales un 34% se quejan de falta de coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales que les han atendido.

Además, el 51,9% nunca han podido resolver sus dudas con una persona de referencia, el 38% no ha podido agrupar las citas y para el 29,3% su historial personal es desconocido cuando acceden a nuevos servicios.

Para el responsable de Área, “en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas”, que, además, frente a un modelo centrado en los recursos, ha defendido “una atención centrada en las personas y en sus circunstancias” y “un abordaje amplio y estructural”.

De las encuestas trascienden, asimismo, marcadas limitaciones para las personas discapacitadas en relación con los principales ámbitos de participación: el 78,5% no tiene trabajo o acceso a formación, el 75% dice no poder realizar actividades de ocio, el 67% carece de una vida sexual mínimamente satisfactoria, el 55% vive en un espacio inadaptado a sus circunstancias, y el 50% ve dificultada su capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo.

Demandas básicas

COCEMFE, en vista de estos resultados, realiza una serie de peticiones que considera básicas. Entre ellas, reducir la demora en la atención, mejorar el acceso a la información sobre los recursos y servicios, una mayor y mejor coordinación entre profesionales y servicios dentro del propio sistema y entre el sistema social y el sanitario, servicios sociales y sanitarios mejores y más accesibles, y un despliegue de servicios clave para la autonomía personal de las personas con discapacidad. Y todo ello, porque, según sentencia Alejandro Fernández: “La coordinación sociosanitaria va de derechos e igualdad de oportunidades”.

De acuerdo con la Base Estatal de datos, el día en que terminaba 2022, en España ya había 3.391.955 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, de las cuales un 15,3% ha sido reconocida con un grado del 75% o superior.

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