La acción protectora del Estado resulta indispensable para reducir las tasas de pobreza en todas las Comunidades Autónomas (CCAA), según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa’, presentado el pasado lunes en el Senado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Este informe destaca la relevancia de las transferencias y ayudas públicas para frenar el aumento de la pobreza, revelando que, de eliminarse dichas ayudas, 10,8 millones de personas entrarían en situación de pobreza en España.
El informe pone de manifiesto que, sin las ayudas sociales, la pobreza aumentaría más de un 50% en la mayoría de las regiones, con excepciones en las comunidades con las tasas de pobreza más elevadas, como Región de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. En contraste, en Cantabria, Aragón, el País Vasco y Asturias, las transferencias del Estado son más efectivas a la hora de reducir la pobreza.
Las pensiones de jubilación y supervivencia juegan un papel fundamental en esta lucha, no solo al mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sino también al beneficiar a quienes conviven con ellas. A nivel estatal, estas pensiones han logrado reducir la pobreza en 5,4 puntos entre la población de 0 a 64 años, beneficiando a dos millones de personas.
Asimismo, el informe refleja una persistente brecha entre el norte y el sur del país en términos de pobreza y exclusión social. Mientras que las comunidades del norte presentan tasas de pobreza por debajo de la media nacional (26,5 %), las del sur, como Andalucía o Extremadura, registran cifras muy superiores, incluso por encima de las medias europeas. Factores como la gestión política, la cohesión social y las políticas de integración influyen en esta desigualdad territorial.
El crecimiento económico no es suficiente
A pesar del crecimiento económico registrado en todas las CCAA desde 2015, la tasa de pobreza solo ha disminuido significativamente en diez regiones. Comunidades como Madrid, Cantabria o La Rioja han experimentado un aumento del PIB superior al 15 %, pero con reducciones mínimas en la pobreza. Esto evidencia, según el informe, que el mero crecimiento económico no garantiza una reducción efectiva de la pobreza sin políticas redistributivas más robustas.
El informe también alerta sobre el aumento del coste de vida y su impacto en el riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) ha aumentado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas. Además, el 4,3 % de la población, aunque no esté oficialmente en situación de pobreza, se enfrenta a dificultades para mantener una vida digna debido a la inflación y el encarecimiento de la vivienda.
Por todo ello, la EAPN-ES reclama reforzar las políticas sociales estructurales como parte de los derechos de un Estado de bienestar, no solo como respuesta a emergencias. Así, el informe destaca la necesidad de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el respaldo de todo el espectro político y de los Gobiernos autonómicos.