- Para conseguirlo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha solicitado ayudas públicas y la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal.
Casi dos millones de personas con movilidad reducida solo pueden salir de casa si alguien les ayuda, y otras 100.000 personas no pueden hacerlo nunca porque su edificio no es accesible. COCEMFE ha reclamado al Gobierno una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que implique que las comunidades de vecinos asuman en su totalidad los costes de las obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años.
En este sentido, Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, durante el Congreso de Accesibilidad y Vida Independiente 2023, ha señalado que si bien «la ley dice que es obligatorio realizar obras para garantizar la accesibilidad universal», al mismo tiempo impone unos límites económicos que muchas veces se superan (por ejemplo, cuando se necesita instalar un ascensor), lo que convierte la norma en papel mojado. Por ello debe ser la administración la que «diseñe e implemente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad».
Con ese fin, según Queiruga, se deben habilitar “ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarios”. Asimismo, el presidente de COCEMFE reclama la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal que permitiría financiar programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español.
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha defendido la vivienda como “soporte vital de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad», un bien básico que pide que sea accesible, asequible e inclusivo. Para que estas premisas se cumplan ha subrayado que “las personas con discapacidad deben tener una preferencia absoluta en todas las políticas, estrategias y programas públicos de vivienda”. Y por ello ha calificado la Ley de Propiedad Horizontal como «insostenible en materia de accesibilidad universal”. Además, ha apostado por que el nuevo Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez, asuma su reforma y la haga realidad en esta legislatura.
Mesa redonda de personas expertas
Mientras, en la mesa redonda ‘Hábitat, Accesibilidad y Personas con Discapacidad’, han intervenido personas expertas como el abogado e investigador de la Cátedra Unesco de Vivienda URV, Andrés Labella Iglesias, que ha destacado “la accesibilidad y el enfoque comunitario de los apoyos en la vivienda» como garantía para la vida independiente de las personas con discapacidad.
La arquitecta y técnica de Accesibilidad y Vida Independiente de COCEMFE, Judit Díaz Sesé, ha reconocido que la existencia de un marco legal para el derecho a una vivienda accesible para las personas con discapacidad, no garantiza, sin embargo, su aplicación práctica, ni siquiera en obra nueva.
En el mismo sentido se ha manifestado Sonia Olea Ferreras, investigadora Foessa e integrante del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, que ha incidido en que “la vivienda adecuada como un derecho humano no se considera fundamento a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas”, y ha sostenido que en España “no ha habido política de vivienda sino de inversión en vivienda».
El Congreso, que se ha transmitido subtitulado y con lengua de signos, ha tenido un formato híbrido y se ha trasmitido a través de este enlace en YouTube. Su organización ha sido posible gracias a las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
