Con la llegada de Internet, la violencia contra la mujer ha diversificado sus formas, dando lugar a nuevos peligros. Entre ellos, el online grooming, una práctica que acecha desde la aparente seguridad de las pantallas a menores de edad, y especialmente, niñas y adolescentes.
“El grooming es un proceso de manipulación y abuso emocional que llevan a cabo adultos con el objetivo de ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente para explotarlo sexualmente”, define la Fundación ANAR. Esta práctica, matizan, tiene diferentes niveles de interacción: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a cometerse abuso sexual. Este tipo de coacción siempre ha estado presente como una variante de violencia contra menores. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado en los entornos digitales: redes sociales, videojuegos o plataformas web. La fundación confirma que se debe a “lo accesible que son estas plataformas” y el anonimato.
Según los últimos datos publicados por Save the Children, el 57,4% de las víctimas de este tipo de abuso son niñas. Así, las mujeres siguen estando en el ojo del abuso desde una temprana edad: Ocho de cada diez de las personas menores de edad que sufren acoso sexual físico, también son mujeres.
Una cifra que confirma la Fundación ANAR, quien detalla que las víctimas de grooming «suelen ser niñas y adolescentes entre 11 y 16 años, aunque también afecta a niños más pequeños”. Mientras, los perfiles agresores habitualmente “son adultos con habilidades tecnológicas, capaces de pasar desapercibidos en las plataformas que frecuentan los y las menores de edad”. En algunos casos, se hacen pasar por otros menores para ganarse la confianza de sus víctimas.
De hecho, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos esclarecidos de grooming han ido en aumento desde que se introdujo en el Código Penal en 2015 como “delito de contacto con un o una menor de 16 años con fines sexuales”, alcanzando su máximo en 2023 con un total de 528 casos.
En España, aclara Marta Ferragut, doctora en Psicología, investigadora en la Universidad de Málaga y secretaria de Con.Ciencia Asociación, para las personas menores de 16 años, el concepto de «consentimiento» no se aplica, ya que a esa edad se considera que no tienen la capacidad suficiente para comprenderlo plenamente, lo que garantiza su protección legal.
“Tipificando este delito se otorga una mayor protección a los menores”, asegura Cristina Domingo, profesora e investigadora de Criminología y Derecho penal en la Universidad de Granada. Remarca la importancia de un buen marco normativo en pro de poder acudir a los procesos penales ante este tipo de situaciones, ya que “si no existe la conducta no se puede perseguir ni tampoco acudir a los tribunales”.
¿Prevenir o curar?
Para muchas personas, el grado de concienciación está relacionado con el número de denuncias interpuestas. Sin embargo, correlación no implica causalidad. “La gente tiene menos miedo a denunciar, pero eso no quiere decir que todos los casos denunciados, jurisprudencialmente hablando, se resuelvan como dicho delito”, confirma la criminóloga y jurista, Dhairis Vilorio.
“Es difícil que la ley vaya por delante de la realidad social que vivimos”, afirma Vilorio. Al margen de la integralidad del marco legal de nuestro país, Internet y la propagación de violencia se adapta a recursos que desde la ley no resulta fácil incluir de una forma “ágil”. Por ello, tanto desde la legislación como desde lo clínico se establece como prioridad la concienciación. “El trabajo en prevención de la infancia es fundamental”, expresa Ferragut. Sin embargo, la complejidad de la conducta y el hecho de ser un ‘tema tabú’ para gran parte de la sociedad pueden hacer que menores de edad se sientan responsables y no hablen sobre lo sucedido.
Sin embargo, resulta complicado encontrar un equilibrio entre la concienciación y la limitación. “Prohibir el uso de redes sociales o el acceso a videojuegos a los niños no asegura que estos estén menos expuestos porque siempre se encuentra la forma de estar en este tipo de plataformas”, matiza Vilorio, haciendo referencia a medidas que ya existen desde las instituciones o alternativas como el pin parental, que no asegura que el menor encuentre otras vías de acceso.
Secreto, vergüenza y culpa
Las figuras expertas destacan la importancia de no solo hacer conscientes a la infancia de los riesgos y las formas en las que pueden aparecer este tipo de amenazas, sino también de sus consecuencias.
La investigadora Ferragut señala tres factores clave que «dificultan el proceso de las víctimas»: el secreto, la vergüenza y la culpa. Cuando el abuso se mantiene en secreto o la víctima tiene dificultades para procesarlo, esto impacta profundamente en sus vidas, afectando sus relaciones afectivas, sociales y oportunidades académicas. Esta situación puede derivar en cuadros de depresión o ansiedad, e incluso en traumas severos que provoquen disociación. «No solo limita, sino que puede dejarlas en riesgo de sufrir nuevos abusos en otros momentos de su vida», alerta.
En el caso concreto del grooming, las consecuencias determinan la capacidad de tomar decisiones. Se trata de una situación que para las personas expertas es de engaño o hasta enamoramiento, con el objetivo de que la víctima tenga la percepción de que lo está haciendo libremente. “Complica tus propias decisiones porque te ves expuesto a un acoso psicológico, donde posteriormente es difícil discernir qué eliges tú libremente”, explica la investigadora.
La exposición a redes sociales, el acceso libre, los recursos de protección al menor y la prevención crean un contexto cada vez más difuso y difícil de controlar tanto para la familia como para especialistas. En este sentido, desde instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad se intentan plantear alternativas efectivas como la asistencia por mensajería instantánea. Sin embargo, parece ser insuficiente. “Con esta continuación de la violencia en cualquier momento y desde cualquier lugar, se complica la protección a la menor”, sentencia Ferragut.
