Esta semana se ha presentado un informe realizado por la Federación Estatal LGTBI+ y la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO que revela que un 36,5% del personal docente ha sido víctima o testigo de actos de odio por LGTBIfobia en sus centros de trabajo. Según los datos, un 12% del personal de enseñanzas regladas no universitarias ha sido directamente afectado, con un 89% de estas víctimas siendo docentes LGTBI+ y el resto, personas aliadas.
El estudio detalla que aunque la violencia suele manifestarse en un único día en el 34,6% de los casos, en casi un 30% las agresiones se prolongan durante 100 días o más. Alarmantemente, solo el 47% de los centros educativos han intervenido para proteger a las víctimas, dejando sin apoyo al 53% restante. Esta falta de intervención incrementa por cuatro el riesgo de baja laboral entre las personas agredidas.
En cuanto a las personas agresores, el informe revela que el 50% son estudiantes, el 31% son personal que trabaja en el centro y el 19% son familiares. Además, casi la mitad del profesorado afectado (47%) no ha denunciado los incidentes de LGTBIfobia.
Desamparo y falta de visibilidad
El informe también resalta que solo un 18,8% de las personas entrevistadas confirma la existencia de un protocolo específico de protección para profesionales LGTBI+ en sus centros, a pesar de la obligatoriedad establecida por la Ley LGTBI. Este desamparo se refleja en que solo 4 de cada 10 docentes LGTBI+ se sienten seguros para ser visibles ante cualquier persona de su entorno laboral, mientras que un 21% permanece completamente en el armario. El miedo a situaciones de odio, acoso y discriminación, señalado por un 74,5% de las personas encuestadas, junto al temor a ser estereotipadas (29%), son los principales motivos para esta falta de visibilidad.
David Armenteros, coordinador de Educación de la Federación Estatal LGTBI+, destaca que este temor no es infundado. «El personal LGTBI+ de los centros educativos no está amparado por procedimientos internos. Los protocolos de protección son testimoniales y escasamente prácticos cuando los datos de violencias que presentamos hoy son verdaderamente preocupantes”, señala.
Por ello, exige a las autoridades educativas que trabajen en la eliminación de discursos de odio y reclamen la eliminación de cualquier restricción de la libertad de expresión y cátedra del personal docente asociada al veto parental. También pide formación continua y obligatoria en diversidad familiar y afectivo-sexual para el profesorado.
Necesidad de medidas preventivas
De igual forma, María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, aclara que, aunque tradicionalmente se ha señalado al alumnado como principal fuente de odio, el estudio muestra que la violencia entre iguales, más sutil y sostenida, provoca acoso y situaciones cotidianas difíciles de detectar. Por ello, insiste en la necesidad de incluir medidas preventivas.
Por último, Iria Antuña, secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, subraya la responsabilidad de las empresas y administraciones en crear espacios de trabajo seguros. «Nuestra labor como organizaciones es dar herramientas a todas las personas para reconocer situaciones de LGTBIfobia y actuar en consecuencia, con todas las garantías», concluye.
