En la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) destacó el pasado el lunes que España se sitúa a la cola de la Unión Europea en cuanto a la tasa de reconocimiento de asilo. En un año en el que las necesidades de protección siguen aumentando a nivel mundial, España ha resuelto favorablemente apenas el 12% de las solicitudes de asilo, un retroceso de cuatro puntos respecto al año anterior. En contraste, la media europea ha mejorado tres puntos, alcanzando un 42% de reconocimiento.
La organización subraya que este retroceso se da en un contexto internacional en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente, según datos recientes de ACNUR. Conflictos como los de Ucrania, Siria, Afganistán y Sudán, junto con nuevas emergencias humanitarias en Gaza y la creciente inestabilidad en Senegal y el Sahel, han incrementado considerablemente las llegadas a Canarias.
Respecto a Gaza, CEAR señala que más de 1,7 millones de personas han tenido que huir, muchas de ellas refugiadas por segunda vez. “Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional. El Gobierno español está dando algunos pasos en la buena dirección, pero aún debe hacer más para poner fin a este genocidio y garantizar una paz justa y duradera”, afirmó Mauricio Valiente, director de la organización.
Emergencia humanitaria en Canarias
El informe destaca que el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias, con un total de 39.910 personas. Este incremento migratorio ha desatado una emergencia humanitaria sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006. En los primeros cinco meses de este año, las llegadas han mantenido un ritmo constante, especialmente de personas provenientes de Senegal, incluyendo un número creciente de mujeres y niños sin referentes familiares, para los que el sistema de protección de las islas no está preparado.
En respuesta, el Gobierno de Canarias ha acordado con el Gobierno central modificar la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores. Además, se han implementado medidas extraordinarias como la apertura de nuevas plazas de acogida en la península y la creación de Centros de Acogida de Emergencia (CAED), evitando así situaciones de hacinamiento como las vividas en 2021 en el muelle de Arguineguín. “España debe contar con una estructura estable de acogida que dé respuesta a las crecientes llegadas”, reclama Mónica López, directora general de CEAR.
Desigualdad en la acogida y problemas en el sistema de asilo
Asimismo, CEAR denuncia que la respuesta de acogida no ha sido equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania, con serias dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento de protección y limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejando a algunas personas en situación de desprotección y riesgo de exclusión social.
El informe también critica el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, señalando que reforzará el control de las fronteras y dificultará el acceso a vías legales y seguras. “Esperamos que España implemente el Pacto de forma garantista, para minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección”, exige Mauricio Valiente.
Además, los problemas con las citas previas para solicitar asilo alimentan un mercado irregular de compraventa de citas que deja a miles de personas en un limbo legal durante periodos de hasta nueve meses. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales del año pasado, ante el aumento de llegadas de Senegal y Kenia, agravan la situación. “Las autoridades españolas deben habilitar vías legales y seguras en lugar de imponer más obstáculos”, lamenta Mónica López.
Finalmente, el informe subraya las enormes dificultades que sufren las personas migrantes y refugiadas para acceder a derechos básicos en España, como la vivienda, el empleo, la salud y las cuentas bancarias, agravadas por el aumento de la discriminación racial y la baja tasa de reconocimiento de protección internacional.
