Con una discapacidad del 86%, Lázaro Valdivia cumplía todos los requisitos exigidos en la convocatoria de oposición para el acceso al cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria. Presentó la solicitud de medidas de adaptación para la realización de las pruebas, junto con el dictamen técnico facultativo expedido por el centro de valoración de Jaén —que acreditaba fehacientemente su discapacidad— y aún así, no fue suficiente para un acceso igualitario y adaptado. Las medidas se estimaron parcialmente ya que se alegaba que de ser concedidas se vulneraba uno de los principios fundamentales del proceso selectivo y se le diferenciaría del resto de aspirantes. «Era obvio que soy diferente y que necesito adaptaciones», afirma el joven.
No ha sido la primera ni la última vez que ha sufrido algún tipo de discriminación por su discapacidad. El año pasado, incluso miembros del tribunal que le evaluaban, calificaron aquella actuación como «inhumana»: «Tampoco tuvieron en cuenta mis informes y, tras presentarme en Delegación en Sevilla, solo me concedieron un ordenador sin internet, en el que estuve escribiendo tecla a tecla y letra a letra durante 9 horas ininterrumpidas«, declara Lázaro.
Debido a su problema de grafomotricidad derivada de su grado de discapacidad —descrito en el dictamen técnico-facultativo—, no pudo exponerlo como podría haberlo hecho ni pudo realizar la prueba práctica que implicaba gráficas. «Si se hubiera contemplado la opción de realizarlo oralmente o con ayuda de un medio transcriptor, bien una persona o un programa de reconocimiento de voz, mi rendimiento habría sido otro. Este sistema de oposición excluye a cualquier persona que, como yo, no pueda escribir”.
Desigualdades en el acceso al mercado laboral
Las personas con discapacidad tienen mayores dificultades que el resto para acceder al mercado laboral. Se enfrentan a obstáculos tanto físicos como intelectuales y ello impide su plena integración. Para facilitarlo, la normativa española establece que estas personas deben ocupar al menos el 2% de los puestos de trabajo tanto de las empresas públicas como privadas con más de 50 trabajadores.
Belén García, responsable del Área de Desarrollo Educativo y Profesional de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) declara que en la búsqueda de candidaturas no se tienen en cuenta a las personas con discapacidad y suelen estar diseñados de forma que las ponen en desventaja, por ejemplo, «exigiendo pruebas físicas irrelevantes o entrevistas que no son accesibles en los espacios o en la interacción con la persona entrevistadora”.
Sin embargo, en las convocatorias de empleo público —oposiciones—, según establece la orden HFP/688/2017, el 7% de las plazas está reservada a las personas con discapacidad: al menos un 2% para personas con discapacidad intelectual y un 5% para otras discapacidades.
¿Se cumple con la normativa?
Según indica la norma, las personas con discapacidad que quieran acceder a una oposición, deberán adjuntar a la solicitud el dictamen del grado de discapacidad para que el organismo competente valore si le conceden las adaptaciones. Además, los tribunales de la oposición decidirán si conceden o no las adaptaciones en función de los informes técnicos y de las circunstancias que concurran en cada caso.
El caso de Lázaro es un claro ejemplo de que lo escrito, aunque regido normativamente, no tiene validez. En 2019 en la Comunidad Valenciana, solo 41 aspirantes (el 21%) de las 192 personas con discapacidad que se presentaron consiguieron una plaza, de entre las 256 que se ofertaban a personas con necesidades especiales.
COCEMFE afirma que el grado de cumplimiento de esta normativa es desigual. Según un estudio del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), en 2022, solo el 65% de las ofertas públicas de empleo cumplían con los requisitos de accesibilidad. “Aunque en los últimos años se han producido algunas mejoras en este aspecto, como el desarrollo de una plataforma online que permite a las personas con discapacidad solicitar las adaptaciones que necesitan de forma telemática, se siguen detectando dificultades como falta de recursos de las administraciones, personal encargado de los procesos selectivos con poca o ninguna formación en materia de discapacidad, o falta de coordinación entre administraciones, lo que dificulta estos procesos de adaptación”, declara Belén García.
Barreras en la educación
El acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas, es hoy para las personas con discapacidad un derecho, y así lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pero no siempre ha sido así. Lázaro declara: «En infantil y primaria lo que más costó fue la integración en un aula normal, porque hasta bien entrados los 90 no estaba muy visto que una persona con discapacidad estuviera fuera del aula y, por tanto, los profesores del aula ordinaria tenían poca formación sobre atención a la diversidad». Además, afirma que el centro ostentaba barreras arquitectónicas, que solventaba para trasladarse con una silla salva escaleras, manejada por monitores y, al principio, el equipo directivo se mostraba reticente a darle los medios necesarios para estudiar en condiciones de igualdad.
Desde COCEMFE corroboran esta realidad: «Aún contamos con centros educativos y formativos no accesibles, tanto en los espacios y los entornos —especialmente con la dispersión en el ámbito rural—, como de acceso al currículo donde no cuentan con ayudas técnicas ni productos de apoyo, así como falta de soporte al profesorado». García añade: «Esta situación provoca el abandono del itinerario formativo».
Para su tranquilidad y sorpresa, el campus universitario de Jaén en la que estudió Lázaro era «totalmente accesible» para personas con movilidad reducida. Además, según explica Lázaro, la Universidad cuenta con una unidad de atención al estudiante con necesidades educativas especiales, donde se reúnen al principio de curso con el alumnado, le hacen una entrevista y redactan un informe con todas las necesidades a cubrir para que puedan cursar sus estudios en igualdad de condiciones.
Visibilizarles en la educación
Una vez más se demuestra la veracidad que contiene la afirmación que Lázaro lleva por bandera: la sociedad avanza más de lo que lo hacen las leyes. Su caso, no es una experiencia aislada.
Lázaro cree que es importante que se les visibilice en cualquier ámbito de la sociedad, también en la educación como un reflejo de la diversidad de la sociedad. “La docencia es la única profesión que crea todas las demás, por lo tanto, tenemos en nuestro poder un arma de doble filo: la responsabilidad y el privilegio de formar a ciudadanos competentes, comprometidos, creativos y críticos con la sociedad que les rodea y enseñarles a aceptar la diversidad como algo normal. No sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia”.
